La Junta Electoral de Vizcaya ha elevado ante la Fiscalía una denuncia del PSE-EE contra una monja que, supuestamente, robó el voto de varias ancianas que la acompañaban para manipular sus apoyos a favor del Partido Popular.
Con esta decisión, la Junta se muestra a favor del PSE-EE y aprecia delito, por lo que los hechos pasarán a investigarse por la vía penal. Pero su horizonte judicial es complicado: hay varios testigos que la sorprendieron metiendo las papeletas del PP en los sobres de votación de varias ancianas procedentes de la residencia de La Misericordia. Según las personas que presenciaron la escena, las mujeres habían pedido a la religiosa que introdujera papeletas diferentes a las que finalmente se colocaron en el sobre de votación.
En la denuncia también se incluyen a dos apoderados del grupo Elkarrekin Podemos, que presenciaron la escena al completo y que también dieron la voz de alarma ante las autoridades que se encontraban en el colegio electoral. No obstante, la denuncia ante la Justicia finalmente ha quedado en manos de los socialistas.
El caso estalló durante el escrutinio general que se estaba realizando en el Palacio de Justicia de Bilbao y mientras que se realizaba la revisión de los datos de la Mesa 8.16.A del colegio de La Misericordia, donde se registraron los hechos. El representante del PSE-EE, Ekain Rico, ha solicitado la apertura del acta de la mesa, que recoge todo lo ocurrido y lo ha presentado como principal prueba de cara al futuro proceso judicial que se podría abrir en los próximos meses.
La religiosa enfrenta prensas de prisión de seis meses a tres años
La monja, que está identificada, fue sorprendida cambiando el voto que le solicitaban las ancianas y el enfrentamiento que se produjo está registrado en las actas de la mesa, según el PSE-EE. La Junta Electoral también aprecia solidez en el relato de los hechos y por ello ha elevado el caso a la Fiscalía para abrir, en el caso de que sea necesario, el proceso judicial correspondiente.
En el caso de que se produjera esta aperta de juicio, la monja podría enfrentar duras consecuencias. Así aparece en la actual legislación electoral, en la que se señala que el cambio de voto de un tercero puede acarrerar, incluso, penas de prisión de entre seis meses y tres años.
Llegase o no a producirse este extremo, lo cierto es que la monja no evitaría antecedentes penales e ilustrar un tipo de polémica que durante años se ha repetido en todo tipo de procesos electorales.
