Europa se encuentra sumida en la preocupación e histeria, con una Bruselas en estado de alerta máxima y todos los partidos políticos debatiendo sobre el terrorismo y la seguridad en Occidente. En España, algunas posturas apuestan por la intervención militar en Siria y Oriente Medio, mientras que otros muchos no ven una solución en las armas y creen que esto alargaría el conflicto, trayéndonos a buen seguro un nuevo 11-M. ¿Qué intereses puede haber en nuestro país para entrar en guerra? Vamos a tomar unos aspectos estratégicos para tratar de comprender por qué es necesaria una reforma profunda de la Defensa española, probablemente la institución con menor nivel de democracia interna del Ejecutivo, establecida por y para la guerra.
1 Presupuesto falseado
Las cifras a este respecto aumentan mientras se recortan otras partidas a priori prioritarias para el Estado, ya que al no encontrarse España en ninguna guerra puede resultar indecente la subida del 3,5% anunciada en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que hace aumentar la cuantía programada hasta los 5.962.090.000 €. Por ejemplo, en Sanidad la subida será similar, de un 3,6%, sobrepasando por poco los 4.000 millones.
No obstante, la OTAN estima en más de 13.000 millones de euros reales su presupuesto, puesto que las intervenciones que controla esta organización requieren más gasto del presupuestado. De hecho ya en varias ocasiones han tenido lugar aportaciones extraordinarias para dotar a este Ministerio por parte de Mariano Rajoy, acumulando 15.000 millones de euros desde comienzos de siglo, según señala el Centro Delas de Estudios por la Paz. En gran parte se debe a inversiones comprometidas por valor de 30.000 millones de euros como la compra de los aviones de combate Eurofighter, de las fragatas F10 o del helicóptero de combate Tigre.
2 Empresas armamentísticas al control
Se adeudan 32.000 millones de euros a industrias militares por obra y gracia de los dispendios de Eduardo Serra como ministro de Aznar y valedor de la misión en Kosovo, y José Bono con Zapatero.
El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, podría ser un cristalino ejemplo de la laxitud permanente del régimen de incompatibilidades. Descendiente de barones, condes, duques, marqueses y grandes de España; Morenés fue nombrado tan solo dos meses después de abandonar su cargo de consejero de la empresa armamentística Instalaza, en septiembre de 2011. Desde entonces ha firmado con la suministradora de equipo militar de infantería nada más y nada menos que 32 contratos sin especificar que se hayan cumplido las garantías necesarias para un proceso de adjudicación de concurso público. Por todos es ya conocido el control de las armamentísticas de este Ministerio, pero de no ser por la pregunta del Grupo parlamentario Amaiur en el Congreso no sabríamos que se han firmado más de 140 contratos con ellas en 15 años incluyendo dos valorados en 3 millones de euros y uno en 4 millones.
El ministro, que también trabajó en la empresa de misiles MBDA, destaca en su relación con Instalaza por la demanda que presentaron contra el Estado cuando Carme Chacón acudió en 2008 a la convención de Oslo y firmó el Tratado contra las bombas de racimo así como el Tratado de Dublín. Esta demanda, por valor de 40 millones de euros en base a las pérdidas para la empresa al tener que cesar la producción de bombas de racimo, fue aceptada de buen grado una vez Morenés ocupó su cargo ministerial en 2011. Una puerta giratoria de libro.
3 Guerras para su retroalimentación
Los ataques del dictador Gadafi contra las siete tribus civiles que conforman Libia -artificialmente unificada por Mussolini- fueron perpetrados con bombas de racimo fabricadas en Extremadura en 2007, a pesar de la prohibición internacional. Pero no es más que un ejemplo de los negocios del cinismo por la guerra. España vendió armas a Marruecos para que aniquilara al Frente Polisario saharaui, vendió armas a Israel para que diezmara a los palestinos okupados, a Bahréin, a Venezuela y a Colombia, saltándose la Ley de control de armas de 2007, entre otros conflictos.
Nos encontramos ante el alarde de que la posición en conflictos armados depende directamente de las empresas. Los datos hablan por sí solos y es que España es el 7º país exportador de armas del mundo, superando el 3% del total mundial, lo cual según los expertos es demasiada producción para no estar en guerra y explica lo mucho que nos beneficia la inestabilidad en el panorama internacional.
4 Negocios con el terror
Un tema tan comentado como las quiméricas fuentes de financiación del ISIS no está tan en cuestión como parece. El presidente ruso Vladimir Putin ha señalado recientemente a varios países del G20 como socios comerciales de los grupos insurgentes que derivaron en Daesh y controlan el petróleo de la zona, y no solo a Irak, Jordania, Turquía y Arabia Saudí -tercer mayor comprador-, lo cual explica la gélida relación turco-rusa acentuada por el derribo de un caza ruso por parte de las fuerzas turcas al violar su espacio aéreo. Precisamente el peligro de la financiación a grupos rebeldes vía venta de armas desde las armamentísticas -que se nutren de subvenciones y contratos mediados por Defensa- y vía socios, es la compra de los 1,5 o 2 millones de barriles de crudo diarios estimados en la producción del grupo. ISIS sería así uno de los diez mayores productores de petróleo del mundo. De hecho esto ya ha producido más de 300.000 víctimas civiles en Siria incluidos los bombardeos franceses sobre Raqqa.
Pero el Ministerio de Defensa es irrelevante a nivel exterior gracias a la OTAN, pues el poder de decisión no reside en la Unión Europea como debiera sino en Estados Unidos, y como reza en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, "un ataque armado [...] que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considero como un ataque dirigido contra todas [...] y en consecuencia [...] cada una de ellas, [...] ayudará a la Parte o Partes atacadas". Esto explica la travesía por el desierto que España tuvo que soportar para salir de la guerra de Afganistán. La OTAN, y por tanto EEUU, es quien controla nuestra política exterior.
5 Escándalos de democracia interna
El ministerio de Defensa parece coordinar sus escándalos en el ejército con los del Ministerio del interior en lo que llamamos Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si atrás quedaron los GAL de Felipe González o las teorías conspiranoicas de Aznar y su fetiche con ETA, vemos aún hoy escándalos como el manejo que Pedro Morenés hace a su antojo del ejército cuando le ordena atacar una embarcación de los ecologistas de Greenpeace que pretendían concienciar del peligro de que la sombra del ministro Soria sobre Repsol pusiera en peligro el patrimonio natural canario.
Pero en la memoria de todos queda el caso de los abusos sexuales del coronel Lezcano-Mújica hacia las oficiales como la excomandante Zaida Cantera del ejército de tierra. Cantera recibió todo tipo de presiones y para denunciar a un superior tuvo que pasar por él mismo y colaboradores como el general Pardo de Santayana, quien trató de convencerla para dejar todo el asunto en una falta leve prescrita por insubordinación -JEMAD de por medio- y así acallarla. La respuesta del ministro en el Congreso ante la pregunta de la diputada Irene Lozano del Grupo parlamentario de UPyD fue en forma de acusaciones de "bajeza moral" por pretender aprovechar el caso para la venta de un libro conjunto entre ambas. El coronel Lezcano-Mújica fue condenado a dos años y diez meses pero eso no ha impedido que presente ahora una demanda de 30.000 € de indemnización por ataques a su honor a las nuevas candidatas socialistas.
Por otro lado evocamos el caso del teniente Segura, que fue encerrado por publicar los abusos disciplinarios del ejército como el suministro de comida caducada en las misiones o el uso que hacía un teniente coronel de sus subordinados para reformar su chalet. Además, tras contarlo en un programa de televisión, fue gravemente represaliado y encerrado de nuevo en base al Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
6 Imparcialidad simulada
La expulsión de José Julio Rodríguez -ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa con Carme Chacón- no fue tal sino una destitución como miembro de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, pero la polémica viene porque el general había solicitado una excedencia militar la semana anterior para poder anunciar su incorporación a las listas de Podemos como número 2 por la circunscripción de Zaragoza, cosa que omitió la vicepresidenta para dar imagen de que se trataba de una expulsión disciplinaria. El Gobierno anunciaba esta medida tan solo dos días después del fichaje, una diligencia que no pudimos ver por ejemplo vía Interior cuando el hijo del exteniente coronel golpista, Tejero, realizó homenajes fascistas con sus amigos en el aniversario del 23-F y subió las imágenes a las redes sociales. De hecho se le recompensó con el ascenso a coronel de la Guardia Civil.
Todo esto evidencia la necesidad de la reforma de la carrera militar y los cambios en el régimen de ascensos por méritos en lugar de edad, así como de la existencia de una sanidad militar y una justicia militar vertical que debe desaparecer tras su incapacidad manifiesta para administrar dicha justicia.
