La Asociación de Militares Españoles (AME), aquella que en 2018 ya difundió un manifiesto haciendo apología de Francisco Franco y justificada el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 que llevó al país a una guerra civil y a una posterior dictadura, han emitido un texto en el que exigen a las Fuerzas Armadas que destituyan a Pedro Sánchez y se convoquen elecciones generales, según publica infoLibre.
El comunicado, del que forman parte 50 jefes y oficiales ya retirados, se ha hecho público después de que el socialista haya tomado posesión de su cargo ante el rey Felipe VI. Sánchez logró ser investido presidente del Gobierno superando la mayoría absoluta en el Congreso, donde ocho de los once partidos que lo componen votaron a favor, lo que se tradujo en 179 votos.
Estos nostálgicos citan el artículo 8.1 de la Constitución Española que consideran, en relación a las Fuerzas Armadas, ha de "garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española".
Entre los firmantes hay tres generales de división, cuatro generales de brigada, 23 coroneles, cuatro tenientes coroneles, siete comandantes y nueve capitanes. Además, todos los oficiales y jefes ya están jubilados, por lo que no están sometidos al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
También integrarían este listado algunos de los que en 2020, a través de un grupo de WhatsApp, reclamaban fusilamientos y un golpe de Estado: "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta".
Texto íntegro del manifiesto
"Denunciando la ausencia de Justicia, Igualdad y Democracia en España. En la que el acoso al Estado de derecho, al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales, anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial , como ya han aseverado diversas asociaciones de magistrados, jueces y fiscales, así como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. La situación del Tribunal Constitucional, máximo órgano de garantías constitucionales, presidido por un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que 'hay que mancharse la toga con el barro del camino' en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político, en contra de una sentencia del Tribunal Supremo, y compuesto parcialmente por magistrados que recientemente han detentado relevantes cargos políticos en el poder Ejecutivo, lo que anula su neutralidad.
La extralimitación de las funciones de éste Tribunal, asumiendo el papel de corrector de las sentencias del Tribunal Supremo, función que no le corresponde al no estar integrado en el poder judicial, debiendo exclusivamente garantizar la constitucionalidad o no de las mismas. La de la Fiscalía General del Estado, proclive a la asunción permanente de los dictados del poder Ejecutivo, y en contra de su misión que es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
El uso inadecuado de la figura del indulto para los delincuentes del golpe de Estado de Octubre de 2017 así como la supresión de la Sedición del Código Penal y la reducción de pena en la Malversación, solamente por intereses políticos. La elevación a la Cortes como Proposición de Ley de Amnistía, por parte del partido ahora gobernante, sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en Octubre de 2017, si esta es aprobada, y ello por el solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno del actual en funciones, como él mismo ha manifestado, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe.
La posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible, al aceptar, de nuevo para la citada investidura, la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de "minoría nacional", con los privilegios que esto conlleva en el derecho internacional. El ataque a las Fuerzas Armadas, con la cesión de Cuarteles, eliminación de los desfiles militares, la petición por parte de los partidos políticos del País Vasco de la cesión del Polígono de Tiro de las Bárdenas Reales, fundamental para el entrenamiento de los pilotos de combate de nuestro Ejército del Aire.
El desprecio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado propiciando la desaparición de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de Comisarías en Cataluña y la violación continuada de nuestras fronteras por inmigrantes ilegales, sin que el Gobierno las defienda debidamente.
El desprecio a las Cortes en relación con las relaciones internacionales y con la política de Estado como en el caso del sorprendente cambio de criterio en el asunto del Sáhara, anteriormente en conjunción con las resoluciones de la Organización de las NN.UU Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este MANIFIESTO y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual".
