El Ministerio de Consumo, bajo las directrices de Pablo Bustinduy, se encuentra en búsqueda de irregularidades en el alquiler por parte de empresas gestoras de pisos turísticos.
Esta propuesta se suma a las presentadas desde el Gobierno para mejorar el estado de la vivienda en España. La investigación se inció por posibles prácticas engañosas e incluso infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha fijado como objetivo de su investigación a ciertas empresas que cuentan con centenares de viviendas por todas las comunidades autónomas españolas.
La Ley de Competencia Desleal en el punto de mira
El modo de anunciar y publicitar los inmuebles puede obligar incluso a los clientes a reservar un piso sin tener todos los datos necesarios para ello. La Ley de Competencia Desleal establece que cualquier cosa que "induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico" cuenta como práctica engañosa.
Según el artículo 27 de esta ley, hay varias cosas que cuentan también como prácticas engañosas en las que se encuentran algunas como que "afirmen que las reseñas de un bien o servicio son añadidas por consumidores y usuarios que han utilizado o adquirido realmente el bien o servicio, sin tomar medidas razonables y proporcionadas para comprobar que dichas reseñas pertenezcan a tales consumidores y usuarios". También, que "transmitan información inexacta o falsa sobre las condiciones de mercado o sobre la posibilidad de encontrar el bien o servicio, con la intención de inducir al consumidor o usuario a contratarlo en condiciones menos favorables que las condiciones normales de mercado"
Este sector ha vivido ya varias investigaciones por parte del Ministerio, como el pasado mes de junio, cuando se encontraron empresas de alojamiento que no contaban con licencias turísticas.
La crisis de la vivienda y la especulación han hecho que Bustinduy priorice el mercado de la vivienda y ha motivado a todas las administraciones públicas, que tengan competencias en este ámbito, a que actúen como puedan para intentar controlar la situación.
