Cada vez vemos en televisión más anuncios que ofrecen alarmas para proteger las viviendas de posibles robos y okupaciones. Parece que empresas como Prosegur o Securitas Direct han encontrado una posible oportunidad de mercado y es que, realmente los datos no lo ponen fácil.
Según la estadística del Ministerio del Interior, los delitos relacionados con este fenómeno han crecido de cerca de 10.600 en 2010 a poco más de 17.000 en 2021, aunque en lo que llevamos de 2022 están decreciendo ligeramente (unos 300 delitos menos que en los mismos meses del año anterior).
Entonces, las okupaciones han bajado: ¿dónde está el problema? Lo difícil de interpretar estos datos es que no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías). Aquí puedes leer las diferencias entre ambos.
La preocupación de los españoles
El Instituto Nacional de Estadística discrimina entre estos dos delitos. Los últimos datos, de 2020, reflejan que hubo más de 3.100 condenas por usurpación, frente a 185 por allanamiento. Esta cifra es la mejor referencia disponible para explicar por qué se dice que el allanamiento es "residual" y la usurpación, la forma mayoritaria de la okupación. Por supuesto, la situación personal para los propietarios que sufren un allanamiento de morada es angustiosa. Parece que el tiempo no pasa cuando se trata de este asunto.
El barómetro del CIS de octubre muestra que la preocupación por la okupación de viviendas está a la cola, con un 0,2% de encuestados que lo consideró el principal problema del país. En total, un 1% de encuestados lo citó como primer, segundo o tercer motivo de preocupación, muy por detrás de la crisis económica (44%), aunque empatado con la violencia de género y por encima del fraude fiscal.
