El Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni en Italia ha declarado un estado de emergencia nacional migratorio por un periodo de seis meses debido al desembarco de más de 3.000 personas en sus costas y al colapso en varios puntos del país.
La medida fue adoptada en el Consejo de Ministros de este martes 11 de abril y será implementada en todo el territorio nacional. El aumento excepcional del flujo de migrantes a través de las rutas del Mediterráneo ha obligado al Ejecutivo a movilizar un gran número de recursos.
La declaración del estado de emergencia permitirá al Ejecutivo tomar medidas excepcionales de forma temporal, tras un aumento del 300% de la llegada de migrantes. Comenzará con el aumento de estructuras habilitadas para la repatriación de migrantes que no tengan derecho a permanecer en Italia, conocidas como CPR. Los plazos para la identificación y expulsión de inmigrantes se verán reducidos.
Cinco millones de euros
El plan del Gobierno de Meloni fue concebido tras una reunión entre los ministros de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, con el visto bueno de Matteo Salvini. El plan cuenta con una dotación inicial de cinco millones de euros del Fondo Nacional de Emergencias. Si bien el ministro Musumeci entiende que "es crucial que Europa despierte e intervenga".
"Lleva años charlando, pero nunca ha movido un dedo, y es hora de demostrar que existe una comunidad, una Unión, y que la solidaridad no es sólo responsabilidad de Italia, España, Grecia o Malta. Porque mil llegadas al día somos absolutamente incapaces de apoyarlas económica, cultural y socialmente", expresaba Musumeci.
Situación extrema
Más de 3.000 migrantes han cruzado el Mediterráneo central en solo tres días para llegar a Italia, lo que ha requerido complejas operaciones de rescate en varios casos.
En dos de estas operaciones, la Guardia Costera interceptó frente a las costas de Sicilia y Calabria dos barcos con 800 y 400 personas a bordo, respectivamente. Desde principios de 2023 ha habido más de 31.000 llegadas no autorizadas a Italia, casi cuatro veces más que las 8.000 que hubo en 2022.
