La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado un nuevo decreto ley en su primer paquete de medidas al frente de su Gobierno. Entre ellas, se incluye una legislación para prohibir la celebración de las denominadas fiestas rave, que se introduce en el artículo 5 del Código Penal.
Se trata de un nuevo delito sobre "la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública", según reza el escrito de la norma.
El problema de la norma es que formula el delito con vaguedad, sin grandes concreciones, algo que ha generado grandes críticas entre la oposición parlamentaria y los expertos, que consideran que la ley podría aplicarse a manifestaciones, concentraciones, protestas estudiantiles, o concentraciones de trabajadores en fábricas.
Hay que tener en cuenta que la ley contempla un delito con penas de cárcel entre tres y seis años, además de multas entre 1.000 y 10.000 euros para quienes "organicen o promuevan" este tipo de reuniones
La medida se ha aprobado de urgencia después de que miles de jóvenes italianos y procedentes de toda Europa se hayan citado en el país en una 'rave' ilegal, ocupando una nave en un terreno agrícola de Módena, en el centro del país. Los organizadores abandonaron la nave durante la magna del lunes, cuando el Ministerio del Interior dio orden a la Policía para desalojar el lugar.
"Hay que leerla con mucho cuidado"
Uno de los dirigentes de la oposición que ha advertido sobre la aprobación de esta norma es Andrea Orlando, del Partido Demócrata (PD): "La ley antirave hay que leerla con mucho cuidado. Además de los castigos desproporcionados, puede que no solo se aplique a las 'raves'", ha escrito.
Por su parte, el secretario saliente del PD, Enrico Letta, ha calificado la norma de "gravísimo error" y ha asegurado que "las 'raves' no tienen nada que ver con una regla similar" y que "es la libertad de los ciudadanos la que se cuestiona", además de haber pedido su inmediata retirada.
El Ministerio del Interior ha respondido a las críticas aclarando que "la ley 'antirave' se refiere a la conducta de invasión arbitraria de grandes grupos que constituya un peligro para la salud y la seguridad pública" y que "no lesiona en modo alguno el derecho de expresión y la libertad de manifestación consagrados en la Constitución y defendidos por las instituciones".
Por su parte, el presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, ha asegurado que la norma es propia de un "Estado policial" y que organizaciones como Amnistía Internacional Italia han considerado que la ley "corre el riesgo de tener una aplicación amplia, discrecional y arbitraria en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, que debe ser protegido y no criticado".
Desde el Gobierno, por su parte, no tienen intención de dar marcha atrás. "No hay vuelta atrás", ha escrito en redes sociales el líder de la formación gubernamental Liga, junto al ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, defendiendo que "las leyes se respetan".
