El Gobierno ha logrado sacar adelante las medidas recogidas en el decreto ómnibus vinculadas al escudo social. "Hemos aprobado 29 medidas que incluyen la revalorizacion de las pensiones, la mejora de las pensiones minimas, las ayudas a los afectados de la DANA y del volcán de la palma y las ayudas al transporte público gratuito", ha explicado Pedro Sánchez. El Ejecutivo también saca adelante el Ingreso Mínimo Vital, con una revalorización del 9%.
Las ayudas al transporte permiten mantener el acuerdo inicial y sostener el esquema de tarifas hasta el 1 de julio, cuando entrará en vigor un nuevo sistema de bonificaciones. De este modo, regresan los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y líneas de autobús de titularidad estatal. También las ayudas a autonomías y municipios para la rebaja de los billetes.
Uno de los puntos más sensibles se encontraba en la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, a la que se oponía Junts. Finalmente se ha incluido en el decreto, aunque a cambio de impulsar medidas para combatir la okupación delincuencial.
Además, el nuevo decreto incluye como medida adicional la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos: "El decreto mantiene las medias antidesahucios y las complementa con una medida que ya había anunciado, sobre los avales a propietarios e inquilios", ha explicado Pedro Sánchez.
Por el contrario, se eliminan otras medidas como la prórroga del escudo anti-opas, que permitía a España impedir que los inversores internacionales ajenos a la UE pudieran hacerse con una parte relevante de empresas que el Ejecutivo considera estratégicas.
Además, se prevé la caída de las ayudas a la electrificación de vehículos y a la compra de un coche eléctrico, contempladas en el Plan Moves.
Cuestión de confianza
Ambos partidos también han acordado tramitar con matices jurídicos la cuestión de confianza. Se trata de una petición de Junts para regresar a las negociaciones con el Gobierno, aunque Pedro Sánchez ha recordado que convocarla es potestad del Ejecutivo y que en estos momentos no lo ve necesario.
"Es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno. Le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo", ha defendido Pedro Sánchez, que mantiene que dicho acuerdo reconoce lo que dice la Constitución y es que la competencia recae sobre el Gobierno de España. Eso es lo que se ha pactado".