Santiago Gutiérrez Brodard creía con mucha fe en el poder paliativo de la morfina. No tenía miramientos en recetarla. Tanto es así, que lo hacía con vivos y con muertos. Ahora se enfrenta diez años de prisión por tráfico de drogas y falsedad documental, según la fiscalía del caso.
El Dr. Gutiérrez ejerce la medicina en dos residencias y varias mutuas asturianas. El Gobierno del Principado puso la lupa sobre sus prácticas en 2013 cuando alertó que el médico recetaba ocho veces más dósis de morfina que todas las unidades del dolor y de cuidados atenuantes de la sanidad pública en Asturias.
Gutiérrez se ha sentado en el banquillo de los acusados para ser procesado por haber traficado con drogas y falseado documentación. Además de la década carcelaria, el ministerio público también ha fijado una multa de 134.000 euros.
Modus operandi
Entre los años 2011 y 2013 el doctor recetó la mayoría de las cápsulas a una paciente que sufría de una hernia lumbociática que no necesitaba tratamiento, según las declaraciones de los médicos del juzgado que recoge El País.
Resultó que esta paciente era su propia madre. Para justificar la práctica el acusado alegó que por aquella época su progenitora tenía una enfermadad crónica con crisis periódicas para las que la morfina era imprescindible. No obstante, cuando en 2011 arrancó la investigación del caso, la afectada no necesitaba dósis tan altas como las que le había recetado.
La fiscal del caso, Ana Méndez, ha encontrado suficientes evidencias durante la investigación que indican que el doctor recogía la morfina que él mismo recetaba a sus pacientes (sin distinción entre si estaban vivos o muertos) en los geriátricos de Langreo y Oviedo. La acusación cree que el médico realizaba estas falsas recetas para revender la morfina en el mercado negro.
No obstante, la defensa del acusado pretende echar por tierra esa teoría. No sólo se cuestiona cómo el doctor pudo prescribir la morfina a sabiendas de que estaba siendo investigado sin que la Consejería de Sanidad ni ningún otro organismo lo amonestasen, sino que alega que al no haber pruebas de movimientos en cuentas ni pinchazos telefónicos no puede haber caso.
