Las más de 300 organizaciones que forman la Red Estatal Contra los Vientres de Alquiler (RECAV) junto con varias organizaciones internacionales exigen al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus gobiernos que actúen contra las agencias de las Naciones Unidas que intentan influir sobre los Estados para legalizar los vientres de alquiler. Lo hacen ante la 73 sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra desde este martes 18 de septiembre hasta el próximo 5 de octubre en Nueva York.
La red en España ha escrito tres cartas dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores José Borrel, a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad Carmen Calvo y a la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, pidiéndoles que "tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales". Asimismo, quieren que España lidere la lucha para frenar "cualquier intento de legitimar los intereses de la industria del alquiler de vientres en países de todo el mundo".
RECAV sostiene que las agencias de la ONU que quieren que los vientres de alquiler se legalicen en todo el mundo son el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las mismas organizaciones que, según explica la portavoz de RECAV Alicia Miyares al medio Público, están "considerando la posibilidad de articular un convenio internacional sobre el embarazo". Por ello, hacen un llamamiento a todos los gobiernos para que reconsideren sus aportaciones económicas a estas asociaciones.
"Mismas tácticas que las redes de trata de personas"
"Lo que queremos es reivindicar que no existe esta práctica altruista desde el momento que es necesario firmar contratos que revocan derechos fundamentales", señala Alicia Miyares al citado medio. En su manifiesto RECAV recoge que los vientres de alquiler, llamados por los liberales "gestación subrogada" o "maternidad subrogada", son "una grave violación de la dignidad de las mujeres y menores ya que es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial".
Los vientres de alquiler están prohibidos en España por la ley de reproducción asistida de 2006, pero a pesar de esto sí se permite su publicidad y la existencia de agencias de intermediación. Además existen partidos políticos como Ciudadanos que aseguran que los vientres de alquiler son un derecho, pues consideran que existe el derecho a ser padres y que las mujeres que alquilan sus vientres lo hacen de manera voluntaria y "altruista". Sin embargo, las estadísticas recogidas por 'Stop Vientres de alquiler' muestran que la inmensa mayoría de las mujeres que optan por gestar a las criaturas de terceras personas lo hacen por falta de recursos económicos.
Es por estos motivos por los que RECAV pide a las autoridades españolas volver al escenario legal anterior a 2011, en el que la inscripción de este tipo de nacimientos estaba prohibido. Y es que a partir de ese año una directiva del ministerio de Justicia permite que las parejas que viajan a países en donde sí están legalizados los vientres de alquiler, inscriban a los bebés en el registro civil español.
"El alquiler de vientres es una práctica mezquina y egoísta que tiende a conformar sistemas de criadas reproductivas y que opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas que las redes de tráfico y trata de seres humanos", defiende RECAV en su manifiesto. Su legalización"abre las puertas a la explotación reproductiva de mujeres por parte de las élites de estos países, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos y de la explotación de niños y niñas", sentencian.
