Desde primera hora de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están llevando a cabo diferentes registros en diversos puntos de Cataluña contra una trama de subvenciones fraudulentas destinadas a financiar el procés. Las autoridades han registrado la sede de la Diputación de Barcelona, varias sedes de la Generalitat y empresas y entidades sin ánimo de lucro en Barcelona, Tarragona y Girona.
Por el momento, ha habido 20 detenciones y se prevé el arresto de doce personas más que estarían involucradas en el desvío de 10 millones de euros de fondos públicos destinados a programas de ayuda a la cooperación y el desarrollo, que finalmente habrían sido utilizados para financiar el referéndum del pasado 1 de octubre, según informa El País.
El dispositivo policial ha sido bautizado como 'Operación Estela' y se prevé una veintena de registros en los que participarían 500 policías nacionales, parte de los cuales se han desplazado desde Madrid. La macrooperación ha sido declarada como secreta y está dirigida por el Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
Subvenciones destinadas a ayudar a los países en vías de desarrollo
A los detenidos se les imputa por presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Entre los fraudes que se investigan destaca la utilización de la Diputación de Barcelona de determinadas subvenciones que debían destinarse a cooperación internacional, como la recogida de residuos en países en vías de desarrollo, y que presuntamente no sólo se destinaron a financiar el procés, sino que los investigados también se quedaron parte de ese dinero para su lucro personal. La UDEF estima que los detenidos defraudaron unos 10 millones de euros.
Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asegura que los imputados habrían desfraudado como mínimo dos millones de euros, pero no menciona que fuesen utilizados para llevar al cabo el procés. Sin embargo, fuentes de la investigación explican que varios detenidos tienen "un fuerte compromiso independentista" así como que algunos de ellos son empresarios que habrían participado en el procés.
Entre los detenidos por la Policía, según El País, estaría el diputado de Junts per Cataluña, Francesc Dalmases, quien también forma parte de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, además es miembro de la Asociación IGMAN Acció Solidaria. Y es que las investigaciones llevadas a cabo por la UDEF revelan que el dinero de las subvenciones circulaba entre las cuentas bancarias de IGMAN, CATmon y la empresa Discatimat y que finalmente era retirado en efectivo, destinado a sufragar los gastos del procés o acababa en las cuentas personales de los imputados.
También han sido arrestados el exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, Jordi Castells; el alcalde de Tordera, Joan Carles García y el exalcalde de Martorell y expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve.
