El Tribunal Correccional de París ha declarado culpable a la líder de la formación de extrema derecha, Reagrupamiento Nacional (RN) en un caso por desvío de fondos europeos originalmente destinados a pagar asesores en Bruselas.
Como consecuencia, el tribunal ha aprobado su inhabilitación durante cinco años, que le impedirá presentarse a futuras elecciones y una pena de prisión de cuatro años, dos en firme. De este modo, el veredicto rompe la carrera política de Le Pen, que aspiraba a presentarse a las próximas elecciones presidenciales dentro de dos años. Las encuestas la situaban como la clara favorita para ganar los comicios en 2027, muy por encima de sus rivales. También se ha inhabilitado a otros ocho dirigentes de su partido.
Junto a Le Pen, en el banquillo de los acusados se han sentado personas de su más estricto círculo personal, incluyendo el vicepresidente de su formación, alcalde de Perpiñán y ex pareja, Louis Aliot; así como su mejor amiga y ex cuñada, Catherine Griset.
Un caso bajo investigación
La causa colea desde hace una década, pero la Fiscalía pidió penas de inhabilitación en noviembre contra Le Pen y otros 24 acusados vinculados al partido y que han ostentado cargos públicos. Además, se pedían cinco años de cárcel, de los que dos serían en firme y cinco de inhabilitación para la presidenta del partido, así como el pago de una multa de 300.000 euros.
El escándalo, conocido de empleos ficticios, investigaba un presunto plan de la cúpula del partido de Le Pen para emplear la financiación de Bruselas entre 2004 y 2016, cuando tenía más presencia en Europa que en Francia, para funciones ajenas a las indicadas.
El entonces presidente de la Eurocámara, el socialista Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015 que finalmente derivó en una investigación durante casi una década y que ha terminado en un juicio contra dirigentes del partido.
Bruselas situó en 6,8 millones de euros el dinero que recibió la formación empleando un "sistema fraudulento de desvío de fondos" que, fundamentalmente, destinaba el dinero para el pago de asistentes en el Parlamento Europeo o cuestiones domésticas del partido en Francia. Los fiscales señalaban una estructura destinada a la contratación de falsos asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban en las estructuras del partido.
Los acusados eran sospechosos, según los jueces que desarrollaron la instrucción, de iniciar un entramado y un sistema de malversación para desviar los 21.000 euros mensuales destinados a cada eurodiputado para remunerar a sus asistentes parlamentarios. En realidad, estos empleados habrían trabajado total o parcialmente para la formación, permitiendo de este modo un importante ahorro en salarios.
