La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de la red social X, antigua Twitter, que se produce precisamente un día después de la movilización en la madrileña Puerta del Sol en contra del recorte de la Ley LGTBI que ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Creo firmemente en una Extremadura sin discursos de odio. Como presidenta de la Junta, siempre voy a estar defendiendo los derechos del colectivo LGTBI. Por una región diversa en donde reine el orgullo siempre", ha escrito la presidenta extremeña en sus redes sociales.
Creo firmemente en una Extremadura sin discursos de odio.
— María Guardiola (@MGuardiolaM) November 14, 2023
Como presidenta de la Junta, siempre voy a estar defendiendo los derechos del colectivo LGTBI.
Por una región diversa en donde reine el orgullo siempre. pic.twitter.com/AWkHc512ED
El vídeo adjuntado contiene unas declaraciones de María Guardiola en Cáceres en condena por una agresión homófoba: "Creo firmemente en una Extremadura sin discursos de odio. Como presidenta de la Junta, siempre voy a estar defendiendo los derechos del colectivo LGTBI. Por una región diversa en donde reine el orgullo siempre", ha tuiteado.
Recorte LGTBI en Madrid
El PP de la Comunidad de Madrid ha aprobado por la vía de urgencia un recorte de derechos para las personas LGTBI y, en especial, en la Ley Trans de la región. Se trata de normativas que, además, fueron aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes, del Partido Popular y con el voto afirmativo de Isabel Díaz Ayuso como diputada regional, en el caso de la Ley LGTBI.
Entre los puntos a eliminar, se encuentra el derecho de las personas trans a su identidad de género manifestada, que la Comunidad de Madrid considera "ajeno a la Ciencia y Derecho" y cuya introducción "va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera". Este derecho está recogido, además, en la normativa estatal y genera duplicidades.
También se elimina la inversión de la carga de la prueba. Se trata de un elemento contrario a la discriminación para aquellos colectivos vulnerables que, en ocasiones, pueden verse desmotivados a denunciar un acto por la carga de estigmatización social al que se ven expuestos.
