La pandemia del coronavirus nos ha cambiado a todos la vida mientras que otros muchos, miles, se la han dejado por el camino. Especialmente sangrante es el caso de las residencias de mayores, donde, solo durante la primera ola, se produjeron más de 20.000 muertes, según cifras oficiales. Muchas de ellas eran evitables. Y así lo denuncia Manuel Rico, periodista y director de investigación de infoLibre en 'Vergüenza: El escándalo de las residencias' (Planeta), libro en el que desgana, a través de sus más de 400 páginas, las causas que han llevado a esta situación, lo que se esconde detrás del negocio que se ha creado en torno a estos centros, pone de manifiesto las responsabilidades que tienen las distintas administraciones y lanza algunas recomendaciones para que esto no se vuelva a repetir.
Sobre el caldo de cultivo que desembocó en esta situación tan dramático, Rico apunta a los "problemas estructurales previos a la pandemia, como que la atención primaria vive de espaldas a las residencias". De una manera contundente, el periodista expone que las residencias "están diseñadas para contagiar". "La mayoría de los residentes son mayores de 80 años, tienen más de una enfermedad, muchos son dependientes y no puedes alimentar o cambiarle el pañal a alguien a metro y medio de distancia. Las gerocultoras muchas veces están en situación precaria, trabajan en dos centros y podían trasladar el virus. Incluso el edificio, las instalaciones, con muchos espacios comunes. Todos estos elementos han contribuido al horror", explica.
Especial incidencia hace en los protocolos aprobados en la Comunidad de Madrid y en Cataluña "que atentan contra la dignidad de los mayores". "Hubo cuatro semanas críticas en las que fue prácticamente imposible trasladar residentes enfermos a los hospitales", narra. "El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tuvo tres alternativas que no utilizó. Ni medicalizó las residencias como le ordenó el Tribunal de Justicia de Madrid; ni aprovechó el hospital de campaña de Ifema, al que solo se trasladaron 23 personas residentes con síntomas leves, lo cual es un disparate, porque si creas un hospital de campaña será para atender a los que más lo necesitan, salvo que haya un interés propagandístico detrás; y tercero, no recurrió a los hospitales privados, no se llevó a ningún residente a hospitales privados a pesar de que había mando único y todos los hospitales estaban bajo ese manto", denuncia el periodista.
Pero las Comunidades Autónomas no fueron las únicas que tuvieron responsabilidades en este drama. "El Gobierno central debería haber creado una comisión independiente para investigarlo", expone, criticando también la inactividad de la Fiscalía que, cuenta, "está teniendo una actitud muy poco productiva para investigar casos Parece que está más interesada en que se archiven determinadas investigaciones en marcha".
El negocio de las residencias
Manuel Rico deja claro que la hecatombe no se vivió en todas las residencias, sino que se concentró en un 20%, lo que le llevó a analizar el papel de quiénes las gestionan. En el marco de su investigación, solicitó información sobre los fallecidos en este tipo de centros a todas las Comunidades Autónomas, obteniendo respuesta de once de ellas. Con esos datos, las conclusiones son claras: "En ocho, el impacto fue mayor en residencias privadas. Pero el elemento determinante es la pertenencia a uno de los grandes grupos".
En España hay ocho grandes grupos empresariales de residencias, y cuatro de ellas están controladas por fondos. El sector geriátrico se ha convertido en objeto de deseo por su financiación con dinero público, especialmente tras la aprobación de la Ley de Dependencia, "que fue un acierto", aclara Rico. "En el 2019, prácticamente 2.000 millones de fondos públicos acabaron en empresas privadas", revela.
La desproporción es manifiesta (solo el 13% de las plazas son de gestión pública), lo que provoca que el problema se acreciente. "No creo que no deba haber esa cooperación entre lo público y lo privado, y menos en un sector en el que casi el 90% de las residencias está en manos privadas. Lo que tiene que haber es un equilibrio. En España no se construyen residencias de gestiono pública. La administración tiene que gestionar más plazas porque el desequilibrio es brutal y lo que hace es que las empresas impongan sus condiciones", desarrolla el autor del libro.
Mientras esto siga siendo así, "se hace necesario un modelo de inspección serio y sanciones serias para quienes incumplan". "En España, con más de 5.200 residencias casi 375.000 plazas hay poco más de 200 inspectores en todo el territorio. El régimen sancionador es disparatado, habla de multas de hasta un millón de euros pero luego nunca se ponen sanciones serias", detalla Manuel Rico, dejando claro que "es obligación de la administración vigilar que se hagan las cosas bien".
Qué hacer
'Vergüenza: El escándalo de las residencias' concluye con una serie de propuestas que eviten que esta situación vuelva a repetirse. "Incrementar el dinero que se dedica en las plazas concertadas a cada residente; incrementar el sueldo de las cuidadoras; que la atención primaria no viva de espaldas a las residencias; mejorar la transparencia en todo el proceso; mejorar la inspección y sanciones; si se permite operar a determinados fondos que buscan el lucro, poner unas normativas que garantice que el cuidado de los mayores es el correcto; hasta cambiar las instalaciones", menciona Manuel Rico de entre las 33 ideas que expone en su libro.
"Nadie se ha fijado en las residencias hasta que se llenaron de muertos", lamenta el periodista. "Como sociedad tenemos dos tareas pendientes: una, conocer la verdad y que se haga justicia. Y dos, abrir un debate amplio sobre cómo reformar y mejorar el sistema de residencias en España. Aunque solo sea por egoísmo, porque nos va a tocar a todos", concluye.
