La polémica que nunca cesa. El caso de Cataluña y su sentimiento nacionalista en relación con la independencia que tanto reclaman. Ahora, el debate vuelve a abrirse después de los gestos tan negativos que el Govern catalán estaría permitiendo en contra de la imagen unitaria del Estado español, como es la creación de un manual que no deje en buen lugar a España ante ojos extranjeros. Lo peor, es que ya ha sido distribuido y su difusión ha generado un aluvión de críticas y cuestiones aún con ciertos interrogantes, que aún no se han esclarecido.
Si ya el pasado se conocía la existencia de un 'Manual de Acción Republicana' motivado por la defensa del independentismo, el socialismo, el feminismo y el ecologismo "para poder avanzar hacia la liberación" de la región, es ahora cuando sale a la luz que la Generalitat y los independentistas catalanes, de cara a su política exterior, estarían entregando un compendio "antiespañol". Este sería similar al creado por Poble Lliure, con el claro objetivo de no dejar al país bien posicionado ante el mundo. Está escrito en catalán e inglés y la información que ofrece no es del todo precisa, en muchos casos ni siquiera es real. Estas publicaciones fueron distribuidas a los embajadores catalanes y representantes de la Consejería de Exteriores durante una reunión de la cúpula consejera de la Generalitat el pasado 20 de julio de 2017.
'Asalto legal a Cataluña'
No dejan títere con cabeza. En primer lugar, un ataque directo al PP a través de una carta confeccionada por los eurodiputados catalanes, que se centra en los "juicios políticos" a los que el Partido Popular sometió a Cataluña, que de otra manera "no estarían presentes en ningún país civilizado". Otra de las críticas al Gobierno pasa por comentar la sesión en la que Carme Forcadell tuvo que declarar ante la Corte Suprema de Cataluña, por haber consentido un debate parlamentario sobre la cuestión independentista y aprobar la votación hacia una resolución que contemple el referéndum de autodeterminación.
Cambiar los hechos y las sentencias de los transgresores políticos catalanes que el Constitucional decretó para a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau también evidencia la realidad alternativa en la que está basada el argumentario. En él relatan que fueron "condenados por los cargos de malversación de fondos públicos y prevaricación por su implicación en la consulta del 9 de noviembre", cuando realmente fueron absueltos de este delito y tan solo fueron acusados de desobediencia. Además, se atreven también con el número de casos judiciales que ambos territorios tienen entre sí: "hay 283 casos abiertos contra municipios catalanes por sedición y desobediencia administrativa" y 45 casos contra Cataluña como unidad. Por lo tanto, podemos confirmar que Cataluña trata de dejar a un lado la cuestión del diálogo para centrarse en el asedio legal hacia políticos catalanes como medio para denunciar esta situación ante Europa.
En otro de los capítulos, ponen en entredicho la condición democrática de España y la "creciente amenaza" a la misma, asegurando "preocupación en Cataluña y en el extranjero". Asimismo, ponen en entredicho uno de los pilares de la Constitución, la separación de poderes, afirmando que su politización supone un problema para mantener un sistema democrático como realmente se concibe. Por otro lado hacen doble mención al informe del Consejo de Europa que acusó a España de no mantener a los políticos lejos del judicial, lo cual situó al país en las últimas posiciones del ranking, no solo europeo, sino mundial.
La imagen exterior de Cataluña ¿deteriorada?
De alguna manera, Cataluña quiere dejar claro que siempre ha intentado abrir un debate justo, legal e igualitario con el resto del territorio español y los independentistas aseguran que esto nunca se ha conseguido, es más, garantizan que las 18 peticiones de referéndum fueron devueltas con agresividad política y la creación de un lobby en el exterior en contra del Govern. Está claro que el primer objetivo, que era dejar a España como la oveja negra, lo consiguieron con sus argumentos y razonamientos, eso sí, inexactos y en muchos casos, poco auténticos.
Europa es consciente, para bien y para mal, de la posición que ostenta Cataluña en la coyuntura interna del país, por lo que su hipotético éxito con el manual se podría tildar aún de incierto. Del mismo modo, quieren lavarse las manos ante cualquiera porque según reza el manual, "Cataluña no tiene como objetivo perjudicar la imagen de España en el exterior", sin embargo quieren hacer ver que España así lo pretende tanto dentro de sus propias fronteras como en el exterior, especialmente "poniendo en riesgo el actual modelo de integración catalán".
Un reclamo parecido a lo que ellos mismos hacen con la difusión de este epítome, en el que afirman que se llegarían a autodeclarar autoindependientes, porque el derecho internacional no lo considera como una infracción. Quieren una solución política, no legal, pero alegan que Madrid se opone y para ello comparan su situación con la del Reino Unido y Escocia, aprovechándose del derecho de referéndum que permitió a Escocia votar legalmente, a pesar de que los mismos escoceses consideran que los procesos no son parecidos, ni de lejos, por las obvias diferencias existentes.
18 meses para la independencia
Carles Puigdemont realizó un documento conocido como "hoja de ruta" que planteaba la independencia de Cataluña en 18 meses, de manera "solemne" con el Gobierno español y con el resto de la comunidad internacional. El tiempo suficiente para constituir como tal el nombre, el funcionamiento del nuevo Estado y sus órganos, además de promulgar la primera Constitución legal catalana de carácter republicano. Eso sí, no sin adentrarse de nuevo en el campo económico y hacer mención a las deudas y activos españoles que deberían pasar por un proceso de negociación basado en ejemplos internacionales, que una vez más querrían imitar. Incluso siguiendo los triunfantes casos de secesión de Checoslovaquia o Islandia y Dinamarca, según citan.
La formación de un hipotético nuevo Estado sería positivo para "todas las partes" y no supondría que este quedara fuera de la Unión Europea, a menos que España reconociera la independencia oficial de la que hasta ese entonces sería una de sus 17 comunidades autónomas. Al menos así lo constata el manual, que también garantiza que su PIB está por encima del de países como Finlandia o Portugal. Refuerzan su argumento con la premisa de convertirse en la octava potencia económica de Europa como un "motor de crecimiento e innovación" para sí mismos y para la UE, con el euro como moneda.
