El caso del Hospital Clínico San Carlos, centro público de la Comunidad de Madrid, ha abierto el debate sobre hasta qué punto está garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Este centro se negó a practicar un aborto a una mujer, que se encontraba en la semana 17 de gestación, a pesar de que su vida corría peligro y el feto era inviable. Todos los ginecólogos del centro son objetores de conciencia desde 2009 y se negaron a practicarlo.
La ley del aborto de 2010 permite la objeción de conciencia pero individual y no colectiva como se ha producido en este caso. La ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge que los profesionales sanitarios "directamente implicados" en una IVE tienen derecho a la objeción de conciencia "sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas".
Si esto resulta preocupante, más lo fue la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostrando su apoyo al hospital porque, según defendió, no puede "obligar" a un médico a actuar contra su conciencia cuando "salvan vidas y no lo contrario". "Respeto todo pero no voy a obligar a un médico a ir en contra de su conciencia. Tengo la conciencia muy tranquila", dijo en la Asamblea.
El sobre de la Comunidad de Madrid
Tras esta polémica, Newtral se ha interesado por el protocolo que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid cuando una mujer decide abortar. En España, tomada esta decisión, al ser atendida por el personal sanitario se entrega un sobre cerrado que contiene, además de información sobre incentivos y ayudas al nacimiento y otras políticas activas a la maternidad, una relación de centros donde recibir información y asesoramiento sobre anticoncepción, sexo seguro y sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Así lo establece la ley del aborto aprobada en 2010. En su artículo 17 se detalla la "información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)". Se explica que quien decida abortar recibirá información "sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en la ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente".
Una vez informada, si se quiere seguir adelante con el aborto, es cuando se le entrega el sobre, cuyo contenido también viene especificado en la norma. Debe incluir "las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto", así como información acerca de "los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad, las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas, los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento".
Además, también deben encontrar "datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro" y "datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo".
Cumpliendo estos parámetros, son las comunidades las encargas de elaborar los sobres que entregan a aquellas mujeres que decidan abortar. Por alguna razón, Madrid es la única que remite a las pacientes a centros religiosos. Concretamente en un epígrafe llamado "Entidades especializadas en la atención profesional y urgente a la embarazada y madre en la Comunidad de Madrid" que la ley no incluye.
Respecto al epígrafe de centros para recibir anticoncepción y sexo seguro, Madrid solo indica "dirígete a tu centro de salud", mientras que el epígrafe de centros en los que recibir asesoramiento antes y después de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no aparece. En su lugar está el mencionado anteriormente, que constando de 33 centros de los cuales solo tres son públicos.
De los 30 centros privados, la mayoría son entidades religiosas. Algunos de ellos, estrechamente relacionados con VOX, son incluso expresamente antiaborto y presumen de su labor "rescatadora", como ellos lo denominan, es decir, acosar a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar.
