En las navidades de 2014 comenzó el calvario para Cristina López y su hijo pequeño, Ángel, residentes en Escocia, cuando acudieron al municipio de Esportes, Mallorca, a visitar a los abuelos del niño. "Tiraron la puerta abajo sin ninguna orden judicial y se abalanzaron sobre mí para arrancarme a mi hijo de mis brazos. Me quedé con un trozo de su jersey en la mano. Uno de los policías me dijo 'se ha acabado'. Desde entonces lo tienen secuestrado en la Isla", comenta a El Mundo. A partir de ahí, esta mujer vive una batalla judicial para recuperar la custodia de su pequeño.
La relación conflictiva entre Cristina y una gran bronca durante su visita con su padre desencadenó en una denuncia al IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales). La gran tensión familiar surge del choque de dos mentalidades muy distintas: por una parte, Cristina es naturista, homeópata y vegana. Su padre, por su parte, es un policía municipal retirado, acusó a su hija de inestabilidad laboral, desprotección del menor por su estilo alimenticio y de problemas psicológicos.
Un lucha judicial que dura ya cuatro años
Ser vegana, no tener ingresos fijos y ser madre soltera parecen ser suficientesmotivos para que el juzgado mantener alejado al niño de su madre. Una custodia que comenzó en manos del IMAS, con solo seis años, y, que, en la actualidad, la regentan los abuelos del menor. Una situación de desamparo bajo unos criterios un poco confusos que se llevan apelando desde entonces en una guerra que ya dura cuatro años; de hecho, en primera instancia la justicia dio la razón a Cristina al revocar esta declaración de desamparo. Sin embargo, el IMAS recurrió y llevó el caso a la Audiencia Provincial donde falló a su favor.
La realidad es que Cristina siempre ha cuestionado todo el proceso sufrido por ella y su hijo desde el primer momento. "Declararon a mi hijo en desamparo en base a cinco o seis puntos sin pies ni cabeza. Alegaron constantes cambios de domicilio como elemento de desestabilización. ¿Y separarlo de su madre no lo es?", se cuestiona. Ella denuncia y sospecha que el proceso, debido a las conexiones del cuerpo policial con su padre, no ha sido del todo legal.
Un proceso muy cuestionable desde el primer momento
Ella denuncia que el procedimiento fue extremadamente rápido y sin orden judicial de por medio; además, insiste en sus sospechas cuando el IMAS solo tardó tres días en tramitar la declaración de desamparo del menor y en hacerse con su potestad. Cristina añade que ninguna persona de los Servicios Sociales se personó para verificar los hechos expuestos en la denuncia de los abuelos y que, simplemente, se creyó a pies juntillas todo lo descrito por los abuelos con el inmediato traslado del menor.
El propio juzgado de primera instancia número 20 de Palma vio la mala praxis de este procedimiento: "Ni la madre ni el menor fueron objeto de estudio, de examen o de entrevista por ninguno de los funcionarios del Servicio de Menores". Dio la razón a Cristina, pero el IMAS recurrió y logró mantener la tutela del menor en manos de los Servicios Sociales.
La alimentación vegana, uno de los criterios para mantenerla alejada de su hijo, pese a que ningún examen médico revelara problemas de salud del niño. Sin embargo, en primera instancia el juzgado le dio la razón, pero los recursos de la Administración llevaron a sucesivas resoluciones en su contra. Cristina cree que estas resoluciones están influidas por malas interpretaciones de los Servicios Sociales.
En el criterio que alega una falta de escolarización adecuada por el poco maneja del español por parte del menor, Cristina, dice que esto es porque residen en Escocia; y, por lo tanto, el inglés es su primera lengua y, de ahí, su poca destreza con el castellano.
Suspensión de las visitas a su hijo
A pesar de todo, el juzgado primero y la Audiencia Provincial siguieron manteniendo la tutela en manos del IMAS por los motivos anteriormente descritos, apoyados por informes de los servicios sociales escoceses. En la actualidad, el niño de once años, vive con sus abuelos en Esportes, a los que el IMAS, que mantiene la tutela, les concedió la custodia.
Cristina sigue luchando con el IMAS y sus procedimientos, a los que ganó un juicio, ya que suspendieron las visitas supervisadas sin motivo aparente. "Conceden las visitas y las quitan cuando les da la gana", afirma Rosana Capella su abogada. Un hecho -suspensión de las visitas- que se ha vuelto a repetir con el tiempo. La letrada insiste que este patrón y funcionamiento de los Servicios Sociales es algo común en España, es decir, el de convertir "factores de riesgo" elementos que no terminan de justificar la retirada de la custodia. "Cuando una mujer sufre maltratos por parte de su pareja esto es considerado un factor de riesgo para el menor porque se concluye que ella no lo puede proteger adecuadamente. Esa mujer sufre un maltrato machista e institucional a la vez", sentencia la abogada.
Su caso se presentó gracias a Xelo Huertas, diputada del Grupo Mixto, como una Proposición No de Ley (PNL) para examinar y auditar los procedimientos del IMAS, sin embargo, no prosperó. Aunque, Cristina se lamenta de la poca voluntad política seguirá luchando por recuperar a su hijo.
