Las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido, a partir del 29 de junio, realizar llamadas comerciales no deseadas, conocidas popularmente como llamadas spam. Solo podrán recibirlas aquellas personas que hayan dado previamente su consentimiento expreso para ello.
De no cumplirlo, estas empresas podrán ser sancionadas en virtud de la Ley General de Telecomunicaciones, que en su artículo 66 prohíbe este tipo de llamadas. Si bien la nueva reglamentación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio de 2022, se establecía un plazo de un año para la entrada en vigor del derecho de los usuarios a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales.
Lo que dice la norma
Esta ley se aplicará si al usuario que se llama tiene una numeración fija o móvil asignada en España. En el caso de que una empresa dirija una llamada promocional sin consentimiento a cualquier ciudadano, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podrá iniciar un expediente sancionador contra la empresa independientemente del lugar donde se ubique. Así, si se realizara desde un call center ubicado en territorio extranjero, la AEPD también podría investigar a la empresa y sancionarla.
La ley, concretamente, establece que los usuarios tendrán derecho "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales".
Esta excepción se aplicaría en aquellas llamadas cuya realización es imprescindible para proteger intereses vitales del ciudadano o para llevar a cabo una actividad con fines de interés público.
El derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas se introdujo en la ley durante su tramitación parlamentaria, tras la aprobación en el Congreso de una enmienda pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC. La ley regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e incorpora al ordenamiento jurídico español las directivas europeas al respecto.
Hasta ahora, aquellas personas que no querían recibir estas molestas llamadas han tenido que inscribirse de manera gratuita en el servicio de la lista Robinson para que su número de teléfono, correo electrónico o postal quede excluido de las comunicaciones con fines comerciales.
