Después de las continuas insistencias por parte del juez, el Gobierno ha decidido enviar los tres autos del Tribunal Supremo que autorizan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el espionaje con el proyecto Pegasus a Pere Aragonès. Están incluidos diversos fragmentos de las resoluciones que habáin sido previamente borrados, aunque en los autos sí ha aparecido el motivo que provocó la infiltración total de las comunicaciones del dirigente de ERC: según el CNI, Aragonès era un líder "en la clandestinidad" de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Nunca antes una investigación judicial había conseguido que, tras la querella de los afectados por Pegasus, su pudieran conocer las razones detrás de las infiltraciones. El magistrado del Supremo que controla el CNI avaló por primera vez el espionaje a Aragonés el 24 de julio de 2019. Pasados tres meses, el 21 de octubre, en un contexto de protestas contra la sentencia del procés, autorizó una prórroga en el espionaje. Sin embargo, la ultima autorización no ocurrió hasta el 14 de enero de 2020, tres meses después.
Tal y como informan distintas fuentes judiciales a El Diario, las razones recogidas en los autos del Supremo para justificar el espionaje a Aragonés reside en que el dirigente de ERC, que por aquel momento era vicepresident del Govern, "dirigía las acciones de los CDR", los grupos populares creados en 2017 para proteger las escuelas del 1-O de las cargas policiales y que después protagonizaron varias protestas en la calle.
Los datos aportados por el CNI al juez del Supremo que autoriza las medidas que suponen una vulneración de derechos fundamentales de lo espiados supone primera ve que un órgano oficial vincula a Aragonès con los CDR. Por aquella época, ERC ya había abandonado la vía unilateral y las disputas con el entonces president, Quim Torra, eran más que comunes. Es más, en 2017 Aragonés no ejerció labores organizativas del referéndum ya que ERC prefirió conservar su liderazgo, en caso de que se inhabilitaran a sus líderes, como sucedió con Oriol Junqueras.
Uno de los autos señala que "Aragonès, siempre al margen de su papel institucional y en la clandestinidad, ha continuado ejerciendo las funciones de coordinador de los CDR". Además, en los documentos se solicita el uso de Pegasus en Aragonès "no por su condición de vicepresident de la Generalitat, sino por la labor de dirección y coordinación de las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR)".
Los autos del Supremo cayeron en manos del juzgado pocas horas después de la declaración de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado por el caso Pegasus hasta el momento y cuyo cargo le fue cesado en 2021 por las exigencias de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez para poder culminar con las crisis abierta que había traído el espionaje.
Después de publicarse lo que guardaban en su interior los autos, fuentes cercanas al Gobierno Central han apuntado que son "operaciones iniciadas por el CNI" previas a la llegada del PSOE al Ejecutivo, si bien es cierto que en el caso de Aragonès la solicitud del centro para usar Pegasus y el aval del Supremo ocurrió con Sánchez ya en el Gobierno.
"Ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, lógicamente, al Gobierno", han añadido las mismas fuentes, que han resaltado que ha sido este Gobierno quien "ha decidido colaborar con la Justicia" en el caso de Aragonès. Según señala el Ejecutivo, el envío de los autos al juez "demuestra que ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia". "Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", han comentado las fuentes del Gobierno.
La escasa información aportada por Esteban
Los autos no son los únicos documentos que poseen el juez y el resto de encargados del caso que interroga a Esteban. Además, las tres resoluciones están incompletas, ya que el Ejecutivo ha eliminado diversos fragmentos de los autos, tal y como señalaba el Gobierno al juez "con la ocultación expresa de las partes de los mismos que conduzcan al conocimiento de medios o procedimientos del CNI".
Mismo argumento utilizado por el Ejecutivo al magistrado para no aportar la información de quién perteneciente al CNI decidió la compra de Pegasus y en qué lugar se almacenaron los datos del espionaje a Aragonès. Según el Gobierno, proporcionar estos extremos podría poner en peligro a las fuentes del CNI.
"Reconocer y desvelar la existencia de determinados medios o concretos procedimientos –ahondó la argumentación del Consejo de Ministros para negarse a retirar el secreto a todo lo que pidió el juez– perjudicaría de manera irreparable y esencial a la operatividad del CNI, produciéndose un riesgo para la seguridad de España y sus ciudadanos".
Aún está por ver la respuesta del juez y de la defensa de Aragonès, ejercida por el prestigioso abogado penalista Andreu Van Eynde. Por el momento, solo se conoce una respuesta limitada por parte del Gobierno e, incluso, los tres documentos aportados están incompletos.
Aparte de reiterar peticiones de desclasificación, Van den Eynde, señaló en su querella que si se confirmaba que el Supremo avaló el uso de Pegasus en Aragonès, podría acusar de prevaricación al magistrado del Alto Tribunal encargado del control del CNI, Pablo Lucas. Según el letrado, "no puede existir ninguna justificación para la utilización de un software de monitorización absoluta".
