El caso del suicidio la trabajadora de Iveco a causa de la difusión de un vídeo sexual suyo entre los más de 2.500 trabajadores llegando, incluso, a su marido, ha planteado un dramático problema de terribles consecuencias. Dado que la grabación se había realizado hace cinco años, la investigació se centró en la expareja de la víctima, que en la tarde del 30 de mayo decidió entregarse a las autoridades.
El presunto autor de la difusión del vídeo acudió al cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, donde ha declarado voluntariamente. Sin tomarse ninguna medida contra él, finalmente ha quedado en libertad sin cargos.
El Juzgado de Instrucciín número 5 de Alcalá de Henares ha abierto una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La jueza ha tomado esa decisión una vez que la Policía le ha remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.
Verónica, de 32 años, se suicidó después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese en su empresa, la fábrica de camiones de Pegaso-Iveco en Madrid, entre los 2.500 trabajadores. La investigación ha confirmado que la difusión comenzó hace un mes y que el presunto responsable es un compañero de trabajo con el que la víctima tuvo algún tipo de relación sentimental en el pasado.
No se trataría de un único vídeo de contenido sexual, sino de cinco. Cuando estas grabaciones comenzaron a circular por la empresa, la afectada acudió a Recursos Humanos y este departamento le recomendó denuncuar los hechos. La presión sufrida, los comentarios de sus compañeros y que los vídeos llegasen, incluso, hasta su marido, la llevaron a quitarse la vida.
Es un delito
El Código Penal recoge como delito la difusión de imágenes privadas o íntimas sin el consentimiento de la persona afectada, lo que conlleva una pena de cárcel de entre dos y cinco años. La ley no solo penaliza a la primera persona que comparte el vídeo de contenido sexual, sino también a los que lo hacen a posteriori. Para ellos, las penas van desde un año y hasta los cuatro años de cárcel.