El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, ha señalado que los objetivos de esta norma son "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación".
Esta norma había sido presentada en la Cámara Baja en otras dos ocasiones sin llegar a aprobarse (lleva gestándose más de diez años). Desde el PSOE recuerdan que esta iniciativa estuvo liderada por el fallecido dirigente socialista e histórico activista LGTBI Pedro Zerolo, por lo que han bautizado a esta ley con su nombre.
La Ley Zerolo no es una ley penal, sino que aborda la tutela y reparación de las víctimas de todo tipo de discriminación mediante el establecimiento de sanciones administrativas. No es "una ley más de derechos sociales" sino, sobre todo, de "derecho antidiscriminatorio específico que viene a dar cobertura de las discriminaciones que existen y a las que están por venir, ya que los desafíos de la igualdad cambian con la sociedad y, en consecuencia, también deberán hacerlo en el futuro las respuestas debidas". No pretende reconocer nuevos derechos, sino "garantizar los que ya existen".
Esta proposición de ley tiene dos objetivos principales: prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación, y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el reparador. Asimismo, regula los derechos y obligaciones de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, establece principios de adecuación de los poderes públicos y prevé medidas destinadas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado.
"Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", reza la norma.
"Caminar hacia adelante mirando hacia el futuro".
— PSOE (@PSOE) January 21, 2021
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Sobre estos ideales nace la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación: Igualdad, no discriminación, cohesión ciudadana y ? justicia social para todas y todos.
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Infracciones y sanciones
Las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación se calificarán como leves, graves o muy graves.
Se consideran infracciones leves las conductas que incurran en "irregularidades formales por la inobservancia de lo establecido en la ley, siempre que no generen o contengan un efecto discriminatorio ni estén motivadas en una razón discriminatoria". Su sanción oscila entre los 300 euros y los 10.000 euros.
Por infracciones graves se apunta a los "actos u omisiones que constituyan una discriminación, toda conducta de represalia en los términos recogidos en el texto, el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico sobre este asunto o la comisión de una tercera o más infracción leve". En este caso, la sanción va desde los 10.001 euros a los 40.000.
En cuanto a las infracciones muy graves, se refiere a "los actos u omisiones que constituyan una discriminación múltiple, conductas de acoso discriminatorio, la presión grave sobre la autoridad competente para la ejecución de medidas previstas en la ley, y la comisión de una tercera o más infracción grave". La norma prevé multas que oscilan entre los 40.001 euros y el medio millón.
Malestar en Unidas Podemos
La presentación de manera unilateral esta proposición de ley por parte de los socialistas ha provocado gran malestar en las filas de Unidas Podemos pues, según estaba pactado, la iban a presentar conjuntamente ambos grupos pues es además competencia del Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, la cual ya había anunciado que era uno de los objetivos de su departamento. Desde Unidas Podemos no ocultan su enfado. "Se ha registrado sin contar con el socio de Gobierno ni con el Ministerio de Igualdad, que es el competente en la materia", denuncian los morados,.
Aunque ambas formaciones coinciden en que estaba pactado que la proposición de ley se presentara conjuntamente y que las negociaciones continuaban, desde las filas socialistas aseguran que el acuerdo contemplaba que la ley se presentara con el tiempo suficiente para que su tramitación comenzara antes de marzo y que informaron a Unidas Podemos de su intención de no retrasar más el registro. Por su parte, los moradores afirman que los "detalles" del texto aún se estaban "ultimando" y denuncian que en el texto presentado por el PSOE no están la mayor parte de las aportaciones que habían propuesto.