Las trabas a la Ley Trans impuestas desde un sector del PSOE ha provocado un nuevo retraso en la norma del Ministerio de Igualdad, lo que ha obligado a intervenir a la Moncloa para desbloquear la situación. Finalmente los socialistas no modificarán lo relativo a la autodeterminación de género, piedra angular del proyecto.
Pedro Sánchez respalda así a Irene Montero frente al sector de su propio partido capitaneado por la exvicepresidenta Carmen Calvo, que ha abrazado la tesis transexcluyente del feminismo clásico y que rechaza que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito ni informe médico o psicológico.
La ley contempla que esto sea libre desde los 16 años. Los adolescentes de 14 a 16 años necesitarían el consentimiento de los progenitores y los menores de 12 a 14 años tendría que conseguir la autorización de un juez para proceder al cambio del sexo registrado.
De esta forma, la ley, en lo referente a la autodeterminación de género, se quedará igual que salió del Consejo de Ministros en el mes de junio. Para Unidas Podemos esta era una línea roja y la ministra de Igualdad exige que la norma no sufra ningún retraso más para que se pueda aprobar definitivamente este año. ">Las personas trans no pueden esperar más", ha repetido Montero.
La ley trans y LGTBI será ley, sin un solo retroceso en derechos y antes de que acabe el año. No vamos a hacer esperar más a las personas trans. pic.twitter.com/idC3DPoBwH
— Irene Montero (@IreneMontero) October 20, 2022
Violencia de género y violencia intragénero
Los socialistas tendrán que definir qué quieren "mejorar" del texto. Desde el PSOE han expresado su preocupación ante "la equiparación de algunas violencias a la violencia de género", por lo que se espera que sus enmiendas vayan en esta dirección.
El artículo 65 del proyecto introduce el concepto violencia intragénero y lo equipara a la violencia machista contemplando que "cuando las personas LGTBI sufran violencia LGBTIfóbica en el ámbito familiar o violencia intragénero" y exista "una sentencia condenatoria por un delito" en este sentido, la víctima "tendrá los derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género".
Desde el ala socialista del Ejecutivo también señalan que quieren dotar de más seguridad jurídica a la ley porque, han asegurado, será recurrida por el PP y VOX en el Tribunal Constitucional .
Precisamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avanzado que si la ley se aprueba finalmente en el Congreso su partido la derogará cuando gane las elecciones y llegue a Moncloa.