La Ley de Seguridad Ciudadana o como se la denomina popularmente Ley Mordaza por lo represiva y arbitraria que es, según los partidos de la oposición, ha comenzado su camino parlamentario para ser desmantelada definitivamente. Esta norma fue aprobada en 2014 en solitario por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y desde entonces sus adversarios han acordado derogarla en cuanto pudieran.
El nuevo y fragmentado Congreso de los Diputados, nacido de las elecciones de diciembre de 2015 y posteriormente junio de 2016, está de pleno acuerdo en fulminar las leyes más controvertidas de la etapa del rodillo parlamentario empleado por Rajoy y los suyos. Una ley que está recurrida al Tribunal Constitucional y que fue incluso cuestionada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
La reforma laboral -que abarató y facilitó el despido- o la Ley Mordaza -cuya pretensión era sustituir actos del Código Penal que se tramitaban en los juzgados por sanciones administrativas aleatorias- son las más polémicas. Sin embargo, pese a que los partidos oponentes pretenden desmontarlas, aún tienen que ponerse de acuerdo en los textos alternativos.
Preparación de la nueva normativa
El trabajo parlamentario para reconducir la normativa que reprime el derecho de manifestación y de reunión ha comenzado. El PSOE propone volver al texto anterior, que data de 1992 y fue aprobado durante el gobierno de Felipe González. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) tiene la pretensión de suprimir 44 puntos de la norma sin derogarla entera.
El grupo confederado Unidos Podemos aboga por trabajar juntos para confluir en un texto común que pueda por fin sustituir una ley que nació muerta. Ciudadanos, por su parte, se abstuvo el pasado mes de marzo en la tramitación propuesta por los socialistas y apoyó las modificaciones sustanciales del PNV.
Tanto PSOE como PNV presentarán iniciativas por separado pese a que han acordado trabajar en un único borrador. Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad que solo ha sido apoyada por ERC. Socialistas, nacionalistas vascos y la izquierda de Pablo Iglesias han denunciado las trabas parlamentarias que ha puesto el PP para retrasar el inicio de la desmantelación de la Ley Mordaza.
El partido del Gobierno pretende escudarse en la alerta terrorista situada en el nivel 4 para evitar que la oposición desmantele la norma que más ha definido y marcado la primera legislatura de Rajoy por su dureza y su conservadurismo.
Una ley abusiva con fecha de caducidad
Desde que el PP aprobara la controvertida norma, las críticas hacia ella no han cesado en los últimos años. El objetivo principal de la ley era endurecer las sanciones contra las manifestaciones no autorizadas, en pleno auge por los recortes del Gobierno.
Asimismo, actos que antes se encontraban en el Código Penal y que eran procesados por los jueces, ahora quedaban en manos de los funcionarios policiales con la libre interpretación de la norma y la capacidad sancionadora de la administración.
Las multas pueden ir desde los 600 hasta los 600.000 euros por las sanciones más graves. Entre los castigos se encuentran difundir imágenes de los Cuerpos de Seguridad del Estadoonegarse a disolver una protesta. Además, permite los cacheos en la calle, legaliza las devoluciones en caliente en Melilla -especialmente polémicas por ser contrarias a los Derechos Humanos- y autoriza a imponer multas exageradas, por ejemplo, a alguien que impida un desahucio con hasta 30.000 euros.
Uno de los puntos más polémicos reside en la capacidad que otorga la normativa a los policías para imponer sanciones por "faltas de respesto a los miembros de los Cuerpos de Seguridad" sin especificar qué se considera como tal. Este motivo es uno de los más utilizados para multar y constituye el tercero de todos según el último informe del Ministerio del Interior con 22.627 sanciones -por debajo del consumo o tenencia de drogas y portar o exhibir armas prohibidas-. Hasta 3.475.964 euros ha recaudado el Estado gracias a la libre interpretación de la ley de este punto.
