El PSOE ha difundido la ley de amnistía ante su registro en el Congreso, que prevé contar con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG. La norma será registrada "por vía de urgencia" e implicará anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellos que cometieron delitos con el proceso soberanista en Cataluña entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
El texto excluye uno de los puntos más polémicos que se habían comentado durante las últimas semanas, la investigación de casos de 'lawfare', que podría derivar en la amnistía de personas por una investigación parlamentaria, algo que previamente se había acordado entre PSOE y Junts.
Fuera de la amnistía quedan, en principio, personas que habían generado controversia, como la ex presidenta del Parlament de Catalunya y Junts, Laura Borràs, implicada en casos de corrupción o Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, cuyos delitos no tenían aparente vinculación con la causa soberanista.
Dentro de la amnistía sí se encontraran Junqueras, que abandonará además la inhabilitación. También el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, cuya vuelta a España no tendrá ningún obstáculo. También todos los directores de colegios que abrieron las puertas aquella jornada para permitir las votaciones.
Además, la norma también incluye a 300 encausados y 73 policías implicados en procesos de represión en el referéndum. En este caso, se explica que se busca "aliviar su situación procesal", pero que en ningún caso se criminaliza a los funcionarios que actuaron aquella jornada.
Se incluye a los CDR o Tsunami Democràtic, se excluye a Laura Borràs
La ley incluye bajo amnistía, en su artículo 1, todos aquellos delitos relacionados con el procés que se pudieran haber cometido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Se incluye la consulta de 2014, la de 2017 y todos los preparativos o consecuencias. También a Tsunami Demucràtic o los CDR.
En todo caso, la norma incluye excepciones. "Los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad; los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad; los actos tipificados como delitos de terrorismo (...) siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017; los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal".
Bajo el título, 'Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña', el texto también se menciona que "desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologaba al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideológicos y políticos de todos", es decir, se reivindica la Constitución como marco jurídico válido y democrático.
