En los últimos meses se ha puesto sobre constante debate la Ley orgánica por la que se modifica la LOE para instaurar la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, sobre la que hay muchas opiniones que surgen de mucha desinformación generalizada. El Ministerio de Educación ya anunció una renovación de la docencia en colegios e institutos, buscando una estabilidad en el alumnado, que constantemente ve mutando las leyes de educación.
A resumidas cuentas, la Ley Celaá opta por reducir la cantidad de materia que memorizar y soltar en un examen para aumentar las competencias, es decir, enseñar al alumnado a adquirir competencias de utilidad práctica.
Esto también surge después de años en los que la gran masa de contenidos a estudiar se quedan a medias al finalizar el curso. Por otra parte, evaluar la capacidad de memorización y no el resto de habilidades es injusto para muchas personas. Entonces, se opta por aumentar los ámbitos de conocimiento, es decir, por la transversalidad. Se trata del modelo aprobado por Portugal, Finlandia, Escocia o Quebec.
Terminar con los currículos inabarcables
Lo que quiere el Ministerio de Educación es dotar a los currículos educativos de mayor flexibilidad, dejando margen para el docente para que pueda impartir la asignatura de una forma que beneficie al alumnado, que aprendan de verdad con la asignatura. Además, cede más competencias a las comunidades autónomas, que se quedan con un 40% o 50% del currículo. Las comunidades autónomas tendrán la libertad de ofrecerle o no a las escuelas y profesores la capacidad de adaptar el currículo al propio contexto de cada comunidad.
A pesar de que los sindicatos y muchos sectores del profesorado estén a favor de la LOMLOE, la desinformación generada por partidos políticos y medios audiovisuales han generado un rechazo por muchos padres, madres y profesorado, que ven en esto una reducción de las libertades, menos conocimientos y menos exigencia. Este proyecto de ley no se ha hecho a las bravas, sino que surge de un comité de expertos y está todo muy estudiado.
Una novedad es el "Perfil de Salida de la Enseñanza Básica", que marcará cuáles son las competencias con las que debe salir un alumno al terminar la educación secundaria. Este perfil definirá "los cimientos del aprendizaje permanente" para convertirse en referente de obtención del título. Estas competencias, sacadas de la Unión Europea y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, son: comunicación lingüística; plurilingüe, matemática, ciencia y tecnología; personal; social y de aprendizaje; ciudadana; digital; emprendedora; y de expresión cultural. Esto dotará a la enseñanza de mayor flexibilidad y, a partir de esto, en lugar de que un alumno llegue al examen y suelte todo lo memorizado para terminar olvidándolo, se les pondrá en práctica a partir de sus competencias.
Adaptación a todo tipo de aprendizajes
Para cada una de las competencias del perfil educativo, se requerirá haber superado una serie de requisitos a favor de la flexibilidad y de saber desarrollar cada rama de una forma menos rígida. Por tanto, se evaluará en función de unos objetivos sobre los cuales cada docente podrá elaborar sus formas de llegar hasta ellos. Después de los límites fijados por el Gobierno, cada comunidad autónoma desarrollará sus propios decretos y cada centro educativo lo adaptará como prefiera.
No parece que vaya a cambiar que cada curso se vaya a repetir contenido, pero ampliándolo un poco más, como ya ocurre a día de hoy. Esto se hace para que todo contenido que se dé durante el nuevo curso sea contextualizado y ayude al alumnado a no perderse, respetando los ritmos de aprendizaje de cada persona, y ampliando la dificultad. La idea es que esto entre en vigor para el curso 2022-23, por lo que aún se están fijando las líneas general de la denominada Ley Celaá.