Desde el pasado 23 de febrero el juez de la Operación Taula está intentando iniciar el procedimiento necesario para que Rita Barberá sea por fin imputada (o investigada, según el tratamiento actual) por haber formado parte, supuestamente, de la red de blanqueo del Partido Popular.
Esto, sin embargo, no ha sido un camino fácil; ni lo será en septiembre, cuando se espera que el Tribunal Supremo tome la decisión de imputar (o no) a la exalcaldesa de Valencia por estos delitos de blanqueo de capitales. Y es que después de que el Partido Popular le cediese a Barberá un asiento en el Senado, su situación de aforada ha logrado frenar la posible imputación de la exalcaldesa.
El caso Taula y blanqueo de capitales
El caso por el que Rita Barberá puede ser imputada por el delito de blanqueo de capitales estalló en abril de 2015, y fue denominado, en un alarde de sarcasmo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como 'Operación Taula'.
Lo sarcástico del nombre del caso tiene una raíz histórica: la 'Taula de canvi' eran unas mesas de cambio de divisas que nacieron en la Corona de Aragón en el siglo XV, uno de los primeros precedentes de banca pública. Con el aumento del comercio y de los viajes a larga distancia para llevar a cabo nuevas transacciones, las 'Taula de canvi' se hicieron necesarias como un apoyo a la banca privada.
Esta investigación se centra en el amaño de contrataciones públicas a cambio de comisiones ilegales a varias administraciones de la Comunidad Valenciana, como la Diputación (a través de la empresa Imelsa); el Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y la Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). Esta causa está abierta por varios delitos, entre ellos malversación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
En el caso concreto de Rita Barberá el delito que se le quiere imputar forma parte de una pieza separada de la 'Operación Taula'. Presuntamente, Rita Barberá donó una cierta cantidad de dinero al Partido Popular que luego le fue devuelta en efectivo procedente de actividades ilegales. Por este mismo motivo están imputadas otras 47 personas, que habrían blanqueado, así, un total de unos 50.000 euros.
Rita Barberá, aforada y libre de imputación (por ahora)
Finalmente, el pasado 23 de febrero comenzaron los primeros pasos para que se produjese, definitivamente, la imputación de Rita Barberá en este caso. Así, el juez de instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la 'Operación Taula', dirigió un escrito al Senado pidiendo la constatación de que Barberá es senadora, para así poder discernir quién es el cuerpo judicial encargado de juzgarla.
Y es que al ser aforada como política en el ámbito político nacional, es el Tribunal Supremo el que debe juzgar este caso.
Después de que llegase ese escrito, el juez podría acreditar que no tiene competencias para imputarla y así podría remitir la causa al Tribunal Supremo.
Sin embargo, la imputación de Barberá se ha dilatado mucho en el tiempo. Tras producirse el envío de este escrito, Víctor Gómez y otro juez de Valencia pidieron en abril al Supremo la imputación de la exalcaldesa, no únicamente por el caso del blanqueo de capitales, sino también por incumplir la Ley de Memoria Histórica al mantener una serie de monumentos, escudos y placas con signos anticonstitucionales.
En el caso del blanqueo de capitales, el juez entendió que a pesar de que ningunos de los testigos que se negaron a hacer las donaciones ni ninguno de los imputados ha mencionado a Barberá, lo cierto es que la persona que gestionaba las cuentas bancarias del Partido Popular en la que se realizaban las donaciones, la imputada María del Carmen García-Fuster, tenía una gran relación con la exalcaldesa.
Por otro lado, antes de elevar la causa al Supremo el juez ofreció a Rita Barberá la oportunidad de declarar, que la aforada rechazó. Sí presentó, sin embargo, un escrito de alegaciones en el que reconoció que aportó dinero al Partido Popular para la campaña de 2015, aunque negó que ese dinero le fuese devuelto de ninguna forma. Aun así, el instructor señala que estas explicaciones son insuficientes para que se descarte su implicación en el caso de blanqueo.
Por último, el pasado mes de julio la fiscalía se unió para pedir al Tribunal Supremo que abra causa a Rita Barberá en este caso, que afecta a nueve de los diez concejales del Partido Popular en Valencia, así como que nombre a un magistrado instructor para el caso.
Por ahora la senadora se ha librado de declarar en calidad de imputada gracias a su condición de aforada; sin embargo, dependiendo de las declaraciones que se obtengan y de cómo avancen las investigaciones, el juez instructor podría imputar a Barberá, y por tanto, elevar al Tribunal Supremo el suplicatorio.
El voto secreto de los senadores será clave para la imputación
El mencionado escrito que el juez Víctor Gómez envió al Senado para pedir a este organismo que acreditase que Rita Barberá es, efectivamente, senadora (y por tanto aforada) es el primer paso para que esta imputación se produzca. Para ello, una vez que el magistrado instructor eleve la petición al Tribunal Supremo, este debe tramitar la petición de suplicatorio al Senado, que debe iniciar una votación.
Después de que el Supremo haya solicitado este suplicatorio, se iniciaría un debate en el Senado al que seguiría una votación nominal y secreta, para aceptar o rechazar el suplicatorio. Para que la petición sea aprobada, simplemente es necesario que tenga más votos a favor que en contra, pero teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, serán los propios compañeros de partido de la exalcaldesa los que decidan si se acepta o se rechaza el trámite.
A partir de este día, el Senado tiene un plazo de ocho días para trasladar al Supremo si concede o no el suplicatorio, y se entenderá que lo deniega si no hubiera resolución en un plazo de 60 días naturales.
En el caso de que el suplicatorio sea aceptado, la Cámara Alta podrá acordar la suspensión temporal en la condición de Senador, mediante una votación que también sería secreta.
Por tanto, por ahora Rita Barberá se ha librado de estar imputada. Y aparentemente, depende de sus compañeros de partido que en un futuro lo esté o no.
