Junto con la sanidad, la educación y las pensiones, el sistema de ayuda a la dependencia se ha consolidado como uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar. Estas prestaciones, que se otorgan para ayudar a personas mayores o discapacitadas a mejorar su autonomía, son consideradas un instrumento muy importante para aquellas personas que no pueden realizar solas algunas actividades básicas de la vida diaria.
Sin embargo, tras los recortes llevados a cabo para disminuir el déficit del Estado, las ayudas a la dependencia se han puesto en compromiso. En el pasado año 2015, se estimaba que la lista de atendidos oscilaba en torno a 750.000 personas, cuando había casi 1,2 millones de personas con el derecho a la prestación reconocido.
¿Qué es el sistema de ayuda a la dependencia?
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se pone en marcha en España tras la aprobación de la Ley 39/2006. Esta ley plasmaba la posibilidad de todas las personas mayores o discapacitadas de tener a su disposición una serie de beneficios que les permitiesen llevar a cabo sus actividades básicas en el día a día.
Así, el Estado financiaría una serie de servicios (como teleasistencia, ayuda a domicilio o centros de día, entre otros) o daría una serie de prestaciones para contratar a un cuidador o un asistente personal. A pesar de que se intentó potenciar la prestación de servicios por encima de la subvención, lo cierto es que las prestaciones en favor de familiares que ejerciesen de cuidadores fue el tipo de ayuda más solicitado. Según un informe de FEDEA sobre la dependencia en España, publicado en febrero de 2016, un 37% de las prestaciones económicas estaban destinadas a cuidadores del hogar.
La idea principal era que el SAAD se implantase totalmente para aquellas personas en situación de gran dependencia, para luego extender la cobertura hacia aquellas personas en situación de dependencia moderada, algo que se quería hacer para el año 2013. Esto, sin embargo, se postergó hasta el verano de 2015, cuando los dependientes moderados pudieron acceder al sistema.
Los recortes en el SAAD
A partir de 2011, en plena crisis económica, el despliegue de este sistema de dependencia comenzó a frenar poco a poco. Las medidas de ajuste fiscal demandadas desde la Unión Europea y ejecutadas por el Partido Popular provocaron serios recortes en el sector público, incluyendo sanidad, educación y dependencia.
Así, en julio de 2012 se lleva a cabo una revisión en el SAAD para recortar en el gasto que suponía. Es de esta forma como se inicia un nuevo sistema: el Estado garantizaría un nivel mínimo de prestaciones que iría disminuyendo según aumentase el número de personas que tuviesen derecho a estas ayudas, y aumentando si estas ayudas se proporcionaban a través de servicios y no de subvenciones. Es decir, cuantas más personas tuvieran derecho a obtener alguna ayuda por la dependencia, menor sería el mínimo que garantizase el Estado, y cuánto más se hiciese uso de los servicios en lugar de las subvenciones, más aumentaría ese mínimo.
Como consecuencia de esta situación, las prestaciones para cuidados en el entorno familiar han disminuido en un 8%, según el mencionado informe de FEDEA.
Por otro lado, desde 2011 a 2014 la financiación para este mínimo que garantizaba el Estado se redujo en 400 millones de euros. En agosto de este año el Gobierno anunciaba que para 2016 habría un aumento del 6,4% en los presupuestos para la dependencia, es decir, 75 millones más que el año anterior. Sin embargo esta subida no compensa la disminución durante los años anteriores.
¿Cómo ha afectado esto a los beneficiarios?
Según el informe Observatorio del sector de atención a la dependencia en España publicado en 2014, una de las consecuencias más directas de esta situación es que las familias deben hacer un gasto cada vez mayor para apoyar a las personas dependientes. En el año 2009 el Estado gastaba de media 8.648 euros por beneficiario de estas ayudas, cifra que en el año 2013 había disminuido a 6.879 euros. Por contrapartida, el propio usuario del SAAD pagaba en 960,88€ de media en 2009, mientras que en 2013 la cifra había aumentado en 1.613,59 euros.
Otra de las consecuencias que se ha visto acentuada en los últimos años según el informe es que el número de personas valoradas y con algún grado de dependencia asignado ha descendido en 100.000 personas desde 2011 hasta 2014, lo que supone un decrecimiento del 12,6%.
El retraso en la concesión efectiva de la ayuda es otro de los problemas a los que se deben enfrentar las personas con algún grado de dependencia, ya que en ocasiones la prestación del servicio llega después del fallecimiento del usuario. A pesar de que el porcentaje de personas pendientes de recibir esta ayuda ha disminuido en los últimos años hasta 2014, el 1,7% de las personas con más de 65 años está a la espera de recibir esta prestación, según datos del informe de FEDEA.
En definitiva, el sistema a la dependencia en España no puede asegurar realmente a las personas con algún grado de independencia su autonomía real, tal y como aparece redactado en la Ley 39/2006. Las ayudas son insuficientes y la lista de espera demasiado larga.
