El juzgado de Instrucción número 19 de la Plaza de Castilla de Madrid ya tiene entre sus manos la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto fraude de 350.000 euros durante la pandemia en la compraventa de mascarillas.
Este tribunal será el encargado de dirimir la posible imputación de la pareja de Ayuso, el mismo juzgado que hace dos años también rechazó investigar a Pablo Casado por revelar que el hermano de la presidenta regional había cobrado una comisión por participar en la compra de material sanitario desde su Administración.
La denuncia que ha realizado la Fiscalía ya ha sido asignada a un juzgado de Madrid y, ahora, tendrá el encargo de decidir si finalmente abre una causa judicial y, como pide el Ministerio Público, imputar a Alberto González y el resto de acusados junto a sus empresas.
En la denuncia se indica que Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, habría defraudado 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa mediante el empleo de facturas falsas. En total, una quincena por un importe de 1,7 millones de euros giradas a empresas que, en realidad, no habían realizado ningún servicio para él, sin embargo, redujeron el pago de impuestos.
La petición de la Fiscalía también se dirige contra otras cuatro personas, Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S, a las que acusa de presentarse a emitir facturas falsas para las empresas de la pareja de la presidenta madrileña.
Por este motivo, el fiscal solicita que se les tome declaración en calidad de investigados y que testifiquen como peritos los inspectores de Hacienda que han elaborado el informe de la Agencia Tributaria relacionado con esta cuestión.
Incremento "exponencial" en la facturación
Hacienda había detectado sospechas en las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 por las sociedades de Alberto González. El informe muestra que existió un incremento "exponencial" de la facturación desde 2020, cuando comenzó la pandemia. En las cuentas anuales aparece reflejado que las ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, sin embargo, solo declaró 8.400 euros de beneficio ante Hacienda.
La Fiscalía investiga "gastos ficticios en facturas emitidas por diversas sociedades" y "gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados, todo ello, con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", según aparece reflejado en la denuncia del fiscal. El informe de la Agencia Tributaria le atribuye dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades, por 155.000 euros en 2020 y por 195.951,41 euros en el siguiente ejercicio.
También se le imputa un delito de falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas. Se trata, en total, de una quincena de facturas falsas por gastos ficticios que alcanzarían 1,7 millones de euros. De este modo, se buscaría rebajar los beneficios de sus sociedades durante la pandemia, desgravar gastos nunca realizados, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
Se investigan en el marco de este caso dos sociedades, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, propiedad al completo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las empresas estarían dedicadas al sector sanitario, a la que se añade otra sociedad, Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, de cosmética y farmacia y sin empleados, que habría sido empleada para el desvío de fondos, según Hacienda.
