Ha sido considerada como una de las mayores catástrofes medioambientales del mundo. Era 13 de noviembre de 2002 y el accidente de un barco a 61 kilómetros del cabo de Finisterre puso entre las cuerdas la gestión política del gobierno popular de José María Aznar. Un expresidente que no llegó a visitar la zona afectada, pese a la magnitud y gravedad de los hechos sucedidos.
Antiguo y sin ninguna medida de seguridad, según la Fiscalía, el navío portaba la bandera de Barbados, salió de Letonia y se dirigía a Gibraltar cuando su paso por las costas gallegas provocó un impacto medioambiental terrible para toda Galicia, para su flora y su fauna.
El buque llevaba 75.000 toneladas de crudo. Comenzó a escorarse y a soltar petróleo hasta que finalmente, tras seis días de pánico generalizado en toda España, se partió en dos y comenzó a desprender todo el material tóxico a solo 272 kilómetros de las islas Cíes, un paraíso natural de la provincia de Pontevedra. Hasta 60.000 toneladas se vertieron. La otra cara de la moneda: la ola de solidaridad que viajó hasta Galicia. Más de 300.000 voluntarios se desplazaron de todo el país para limpiar las costas gallegas.
Ahora, tras 15 años de mareos judiciales, sentencias dictadas y revocadas por órganos superiores, la justicia ha logrado cuantificar la responsabilidad civil por los daños causados por el Prestige. Estos datos se harán públicos previsiblemente la próxima semana tras una batalla legal por parte de los afectados que lleva tres lustros y que se prevé extender en el tiempo debido a lo que se avecina: una lucha entre la justicia española y la aseguradora británica encargada de afrontar los pagos dichas responsabilidades.
La batalla legal del Prestige
Tras los hechos sucedidos entre el 13 y 19 de noviembre, hasta que se magnificó y agravó el desparrame de miles de toneladas de fuel, la justicia comenzó un proceso judicial que todavía a día de hoy continúa investigando. La Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al Gobierno del PP de Aznar (Mariano Rajoy formaba parte de él), así como al capitán del barco de un delito medioambiental. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Supremo revocó esta sentencia y condenó solo al capitán (dejando libre al Ejecutivo central) y determinó que se tendrían que llevar a cabo el pago de indemnizaciones.
El proceso comenzó en 2003 en el Juzgado de Corcubión de A Coruña. Ocho años más tarde, la Audiencia Provincial de la misma localidad tomó el relevo. En octubre de 2012 empezó la vista oral. Once años más tarde del accidente, el juicio quedó visto para sentencia: 89 sesiones y 204 declaraciones entre testigos y peritos se habían sucedido entonces.
La sentencia del tribunal absolvió al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors; al jefe de máquinas, Nikolas Argyropoulos y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de un delito contra el medioambiente. Además, el Estado no tuvo que sufragar los gastos por los daños originados.
Este fallo fue revocado por el Tribunal Supremo. El capitán del barco fue condenado por un delito medioambiental a dos años de prisión tras el recurso presentado por la Xunta, el Ministerio Fiscal, Francia y el abogado del Estado entre otros, que fue resuelto a favor de estas partes. El capitán recurrió al Constitucional la decisión del supremo pero le fue denegada esta posibilidad.
A la condena del capitán se suman las responsabilidades civiles que tiene que cubrir la empresa propietaria del buque siniestrado, la armadora y la aseguradora. Las cantidades que deberán afrontar para indemnizar a los afectados ya están cuantificadas tras 15 años de batallas judiciales. Entre los damnificados se encuentran el Estado español, el francés, marineros, municipios y la Xunta. El Gobierno central reclama mil millones de euros por perjuicio directo y la Fiscalía cifra los daños en más de cuatro mil millones de euros.
Tras estas sentencias y los próximos datos que se conocerán casi con toda probabilidad en unos días, se inicia una lucha en los juzgados para pedir a la aseguradora -que radica en Londres- las cuantías que establezca la justicia para los afectados. La batalla no será fácil: la compañía no reconoce la potestad de los tribunales de España para juzgar los hechos. La guerra entre la justicia española y la británica se espera ardua.
