La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa, que estaba archivada desde el pasado mes de julio, sobre los ancianos fallecidos en varias residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia debido a los retrasos en el traslado hospitalario o la no derivación al hospital de algunos pacientes.
En su momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés archivó estas denuncias porque la jueza consideró que fue la pandemia lo que "hizo enfermar a estas personas" y no "la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados".
Sin embargo, los magistrados de la Sección número 23 han retomado el caso y han asegurado que para tomar una decisión es necesario tomar declaración a los "responsables de implementar los protocolos de actuación frente a la Covid en cada una de las residencias".
Asimismo, también ven necesario tomar declaración, en calidad de testigos, a los responsables del servicio de Geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el hospital de referencia. Todo ello con la intención de "adoptar una decisión jurídicamente fundamentada sobre conocimientos médicos y que esclarezcan los hechos", según explica el auto al que ha tenido acceso El Diario
Las denuncias de los familiares
Estas denuncias, interpuestas por los familiares de los ancianos fallecidos, se dirigen a los responsables de los centros sanitarios por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber del socorro, trato degradante y prevaricación.
Según la demanda presentada, esta situación "habría propiciado que un número importante de residentes se contagiaran de Covid-19 en las propias residencias muriendo muchos de ellos por no haber recibido asistencia sanitaria adecuada, bien por no haber sido trasladados a los centros hospitalarios o haberlo sido con retardo y, en consecuencia, sin haberse podido hacer nada por su vida".
Las querellas afectan a los centros Aralia Servicios Sociosanitarios Parque de los Frailes, Amavir-El Encinar, Vitalia y Domus Vi Leganés, así como a sus directores e incluso a algunos responsables políticos de la Comunidad de Madrid, ya que los allegados de las víctimas recuerdan que "los médicos de las residencias y los de geriatría solo cumplían estrictamente las órdenes que dictaba un protocolo elaborado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Entre los representantes políticos que incluían estas denuncias en su momento se encontraban Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, y Enrique López, Consejero de Interior y Justicia, aunque durante el caso fueron excluidos del procedimiento ya que al ser aforados su enjuiciamiento es competencia del Tribunal Supremo y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y no de un Juzgado de Instrucción.
