La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente la investigación judicial sobre la Caja de Solidaridad de Podemos. Los magistrados de la Sección 30 han respaldado la decisión del juez instructor del pasado 23 de julio y han desestimado el recurso de apelación interpuesto por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas apoyado por el partido ultraderechista VOX.
Así, el Tribunal descarta por tercera vez que ese fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales se utilizase para desviar dinero de la formación. En el auto, los magistrados se posicionan con la Fiscalía en que "no consta" que el dinero que recibía Podemos a través de estos fondos fuera luego desviados a dirigentes suyos.
El juzgado archivó la causa por segunda vez el pasado mes de julio después de que la Audiencia Provincial de Madrid propiciase la reapertura del caso. Ahora es la misma sección de la Audiencia la que rechaza todos los recursos y confirma que no hubo delito en la gestión de esos fondos.
En una resolución firme, los jueces secundan lo que ya dijo el magistrado instructor en su segundo archivo del caso: que los 30.000 euros y los otros cargos efectuados en la cuenta de la Asociación 404 "lo fueron estrictamente para el sufragio de gastos derivados de la realización de actividades correspondientes a los fines asociativos". Las donaciones, explica la Audiencia, no están prohibidas: "No existe norma que prohíba la donación a la entidad 404", explica el auto. Añaden los jueces: "Ninguno de sus miembros ostenta cargo orgánico ni función directiva en el partido".
Con este archivo, se van reduciendo las acusaciones contra Podemos. La cuestión de la Caja de Solidaridad, además, fue utilizada por la oposición y las derechas para bautizar el caso como la 'caja B' del partido que lideraba entonces Pablo Iglesias.
"Cuestión interna"
La denuncia partió de las acusaciones iniciales de José Manuel Calvente, abogado de Podemos, tras ser despedido. La exsenadora morada, Celia Cánovas, reclamaba que se investigaran salidas supuestamente opacas de dinero del Fondo Salarial del partido a la Asociación 404.
Cánovas pedía que se continuara con la investigación en los tribunales al considerar que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene que los fondos de la Caja de Solidaridad han sido gestionadas por los mismos integrantes y directivos del partido para financiar actividades sin control del Consejo Ciudadano para usos ajenos al partido y a la solidaridad que es el objeto de dicho fondo.
Los magistrados señalan que la reclamación de la exsenadora "está encaminada a revisar el articulado del Reglamento de la Caja de Solidaridad", algo que a este tribunal penal "no le compete". En este sentido, han precisado que si Cánovas considera que dicha normativa permite realizar donaciones "sin control" ello corresponde resolverlo al partido, "como cuestión interna", mediante los mecanismos que contemplen sus estatutos y normas internas, y "no a través del Derecho penal".
