La guerra abierta entre la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ahora Madrid ha concluido con un primer golpe al consistorio madrileño: el juzgado de lo contencioso-administrativo número 23 de la ciudad ha dictado que paralizará el cambio de las placas a las calles franquistas impulsado por Carmena si la fundación paga la cantidad de 60.000 euros como garantía.
Por su parte, el Ayuntamiento recurrirá este auto que supone un retroceso en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El pasado 7 de julio, esta fundación que ensalza el franquismo y es legal en la democracia española -algo inusual en las avanzadas democracias europeas- recurrió la aprobación por parte de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos -con la abstención crónica del PP- el cambio de nombre a 52 calles que hacen referencia a la dictadura. Algo que, por ahora, queda en suspenso.
Fuerte impacto económico
El juzgado madrileño ha atendido las peticiones de esta asociación de franquistas en un auto emitido el pasado 24 de octubre y ha dado la posibilidad de frenar los cambios aprobados democráticamente por mayoría en el Ayuntamiento -y casi por unanimidad- si la FNFF paga la cantidad de 60.000 euros en concepto de fianza. Ante este dictamen, los franquistas aseguran que se trata de una petición "totalmente desproporcionada" puesto que conforman una "entidad sin ánimo de lucro".
La Fundación Franco, la misma que promueve ideas fascistas, asegura que la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid no tiene amparo en la Ley de Memoria Histórica vigente puesto que "su contenido es ideologizante" y se está aplicando "de manera sectaria y revanchista por muchas administraciones por negar hechos históricos o cambiar el curso de la historia". Además, asegura que "tras 78 años de la Guerra Civil, 42 años de la muerte de Franco y 37 años del cambio de calles impulsado por el alcalde Tierno Galván, no existen razones de urgencia" para acometer esta modificación en los rótulos. Como si el paso del tiempo borrara las atrocidades cometidas por el dictador Franco.
Asimismo, aseguran que Carmena pretendía enaltecer a los "participantes en las represiones del Frente Popular" al eliminar las referencias franquistas del callejero de Madrid. Por otro lado, la FNFF afirma que el gasto que supondrá el cambio de nombre de las 52 calles tendrá un "fortísimo impacto" en las arcas municipales, siendo superior a los 55 millones de euros y costándole de manera directa a los madrileños unos "seis millones".
La fundación critica que el equipo de Ahora Madrid no destine esta supuesta cantidad que costará el cambio de las placas a "fines públicos y de interés general, sino a privativos del sector ideológico" y acusa al consistorio de un delito de malversación de fondos.
Este varapalo judicial que el Ayuntamiento recurrirá, se suma al conflicto abierto entre los izquierdistas y la Plataforma Millán Astray. Esta plataforma de antiguos legionarios recurrieron ante los juzgados el acuerdo aprobado en el Palacio de Cibeles aludiendo que las modificaciones en el callejero podrían suponer "graves perturbaciones" a los vecinos por la consiguiente modificación de documentación y publicidad de establecimientos. La alcaldesa madrileña se ha mostrado prudente y ante estas disputas judiciales ha optado por no realizar ningún cambio hasta ganar -o perder- la batalla en los tribunales.
