El Gobierno tiene permiso de la justicia madrileña y podrá llevar adelante una de sus principales medidas en materia de Memoria Democrática: la exhumación de restos de particulares en el Valle de los Caídos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado levantar la paralización provisional que impedía a más de 60 familias recuperar los huesos de sus parientes enterrados en las criptas del monumento.
El pasado mes de noviembre, el tribunal tuvo en consideración un recurso interpuesto por la asociación franquista por la Reconciliación y la Verdad Histórica y consideró se podrían producir daños irreparables en el mausoleo.
Ahora, la sección segunda de lo contencioso-administrativo ha dado la razón a Patrimonio Nacional y ha levantado las medidas cautelares que un juzgado mantenía sobre la licencia de obras necesaria para iniciar las exhumaciones. No obstante, la decisión todavía se puede recurrir al Tribunal Supremo.
El TSJ madrileño considera que la intervención autorizada y posteriormente recurrida "tiene por objeto la facilitación de los accesos al interior de las criptas, en todos los niveles, manteniendo en uso el resto del complejo" y que "las intervenciones tienen un carácter provisional; no está prevista la realización de refuerzos estructurales u otras intervenciones de carácter definitivo".
Las criptas y la arquitectura no sufrirán daños
El tribunal ha considerado y apuntado que las criptas de la basílica del Valle de los Caídos no sufrirán daño: "La apertura de huecos sería restituible al estado anterior sin excesiva dificultad", dice el auto que han emitido.
Los magistrados creen que "no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la licencia urbanística", pues no se producirá una "transformación urbanística irreversible" de los espacios
Y es que en torno al altar de la basílica se encuentran cuerpos de 34.000 caídos en la Guerra Civil, más de la mitad de ellos restos de republicanos llevados allí a partir de 1958 sin previo consentimiento de las familias.
La petición se suspendió en 2021 por "daños irreparables" y el derecho a la intimidad
En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. La razón fue que se consideró que se podrían producir daños irreparables.
En abril de 2021 el Gobierno a través de Patrimonio Nacional solicitó al Ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas, pero la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión alegando el "Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas".
