La Justicia de Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande tras fallar a favor de sus acreedores después de año y medio de aplazamientos mientras que la compañía intentaba un plan de reestructuración de su deuda extraterritorial (offshore).
Evergrande representa la parte más visible de la crisis del ladrillo que sufre en estos momentos el país, en una firma que lastra una grave crisis que se ha extendido durante dos años, con un pasivo que se sitúa cerca de los 330.000 millones de dólares (304.327 millones de euros), pero que todavía deja abierta la puerta a un recurso judicial. La jueza encargada de la sentencia, Linda Chan, nombrará un administrador judicial provisional para la compañía.
La firma, y sus dos filiales, que cotizan en la Bolsa de Hong Kong, detuvieron la negociación de sus acciones antes de que la Justicia ordenase la liquidación del grupo, que finalmente ha derivado en un fuerte desplome en bolsa de los títulos de la compañía.
Crisis en Evergrande
Las dudas sobre el futuro de la compañía comenzaron a debatirse en agosto de 2021, cuando la empresa paralizó multitud de proyectos en China ante el vencimiento de las deudas contraídas. Un mes después, salió a la luz que mantenía una deuda de 305.000 millones de dólares y que estaba derivando en el impago de intereses de deuda internacional.
La firma, siguiendo el modelo de otras empresas del país que cabalgaron sobre el 'boom' inmobilario de finales de la década de 1990, dependía demasiado de las deudas para financiar sus operaciones y la venta sobre plano para sacar hacia adelante sus operaciones. En este contexto, la dirección maniobró, por ejemplo, con la venta del presidente de la firma, Hui Ka-yan, para obtener liquidez y reduciendo su participación.
Sin embargo, estos movimientos no obtuvieron resultado y, en diciembre, las acciones experimentaron un mínimo histórico en Bolsa, acuciada por las deudas. La firma ha intentado varios ajustes con el objetivo de reestructurar su negocio y salir a flote, sin embargo, en ningún caso han conseguido fructificar.
Evergrande ha padecido los efectos de la crisis inmobiliaria registrada en el gigante asiático, en la que destaca las denominadas 'tres líneas rojas' que se constituyeron como unas regulaciones impulsadas por el régimen del país para limitar el acceso a aquellas promotoras que acumulasen un exceso de viviendas en pasivo, superasen ciertos niveles de apalancamiento o no contaran con suficiente liquidez para hacer frente a las deudas en el corto plazo.
Cabe destacar que China ha basado gran parte del crecimiento en la vivienda, con una tasa de urbanización que se ha visto incrementada desde el 29% hasta el 65% entre 1995 y 2021, según refleja el estudio 'China's Real Estate Problem' del centro de estudios en Cheung Kong Graduate School of Business (Ckgsb). Los datos contrastan con EEUU, que necesitó 70 años, Francia con setenta o Alemania, con sesenta, para alcanzar un incremento similar. A pesar de que China no prevé mantener el mismo nivel de crecimiento, sí tiene intención de conceder gran importancia al ladrillo durante los próximos años.
En este último tramo de crisis, ha tenido gran influencia los acontecimientos vividos en China, con una política 'cero covid' que ha afectado a su economía y una desconfianza en sus ciudadanos hacia la vivienda como un producto de inversión.
En este contexto, la firma no ha alcanzado acuerdos de reestructuración con sus acreedores, hasta el punto de que su última ronda de negociaciones en esta materia se zanjó en una ruptura, algo que podría haber sido clave en el desenlace de la empresa.
La firma ha sufrido pérdidas superiores a los 80.000 millones de euros desde 2021 y ha presentado una solicitud de bancarrota en Estados Unidos para proteger sus activos y acciones. Además, su fundador y presidente, Xu Jiayin, fue puesto en arresto domiciliario por "sospecha de actividades ilegales", así como extendieron las detenciones a varios empleados de la compañía.
La duda se plantea ahora sobre el futuro de la empresa. La decisión de la justicia en Hong Kong, que ordena su liquidación, puede no aplicarse sobre la China continental, donde se sitúan la mayoría de sus activos y un sistema judicial independiente.
