La violencia policial de unos agentes contra unos periodistas que quieren documentar una detención sospechosa no atenta a la libertad de expresión. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid, que ha desestimado el recurso de varios reporteros que fueron golpeados por un grupo de antidisturbios que no quería que quedase constancia de su actuación.
Todo ello sucedió en marzo de 2014. Los policías empezaron a cargar contra unos manifestantes para disolver una convocatoria pacífica, cuando comenzaron a tener un rifirrafe con un individuo, que salió corriendo asustado.
Los antidisturbios rápidamente comenzaron a correr detrás de él para detenerlo. Como los periodistas habían grabado toda la escena, los agentes no dudaron en asestarles golpes indiscriminados con el fin de dificultar su labor de documentación y destruir todo tipo de pruebas sobre su dudosa actuación.
Afortunadamente, los periodistas no tuvieron miedo y dejaron un documento que permite que cada uno de los lectores pueda juzgar por sí mismo:
Independientemente de la opinión que merezcan las imágenes, los cuatro periodistas afectados decidieron acudir a los tribunales ante lo que consideraban un completo atentado a la libertad de información, básica en cualquier estado democrático.
Sin embargo, el juez desestimó la demanda y la archivó porque no consideraba que hubiese ningún tipo de delito. Poco tiempo después, el caso se reabrió por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los agentes podrían haber cometido una posible falta de lesiones (que en todo caso se hubiera castigado con una multa, ya que no es un delito). Sin embargo, los periodistas recordaron que, a parte de la agresión, los agentes tenían una finalidad muy evidente: entorpecer su labor de vigilancia del poder y con ello entorpecer el derecho a la libertad de información.
Cruce de argumentos
A pesar de todas las evidencias, la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que "no existen indicios de que el agente imputado pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de los periodistas presentes". A pesar de las imágenes y a pesar de la motivación que les llevó a agredirles de manera violenta, injustificada y deliberada.
Considera que los Policías se encontraban actuando en una situación muy confusa y que requería una rápida intervención, por lo que no tuvieron la capacidad suficiente de valorar quiénes eran periodistas y quiénes no lo eran (a pesar de que todos ellos llevaban una cámara de enormes dimensiones sobre el hombro). Además, los policías se han defendido argumentando que los periodistas no pararon a los agentes para contarles que se encontraban allí realizando su labor.
Mientras tanto, los abogados de los periodistas, dirigidos por la Comisión Legal Sol, han afirmado que "hay indicios más que sobrados" para llegar a la conclusión de que la intención de los agentes era la de entorpecer la labor informativa de los medios de comunicación, así como esconder la dudosa actuación que estaban ejerciendo.
Por todo ello, afirman que todo lo sucedido constituye una "limitación clara del ejercicio de un derecho fundamental, sin que haya posiiblidad de reparación en vía judicial", así como recuerdan que la justicia europea ha consolidado a lo largo de los años un amplio marco de protección de las libertades y derechos informativos que no se puede violar indiscriminadamente.
A pesar de todo ello, tan solo había un policía imputado en la causa, porque los agentes también se negaron a mostrar su placa identificativa tal y como les obliga a hacer la ley. Además, los mandos policiales no han querido colaborar en ningún momento en el desarrollo de toda esta investigación.
Europa se posiciona del lado de los periodistas
Mientras que la Justicia española se dedica a dar la razón a los agentes de Policía, Europa ha manifestado una "profunda preocupación a propósito de los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado 29 de marzo", tal y como ha declarado la representante sobre Libertad de Medios de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Dunja Mijatovic.
Con ella también han comulgado la Federación de Sindicatos de Periodistas y la Red de Medios Comunitarios, que han publicado en un informe lo que consideran "retrocesos de libertad de expresión en España".
