El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, "vulnera los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en sus centros de trabajo".
De esta manera, el alto tribunal considera en parte la demanda formulada contra la Consejería de Sanidad madrileña por el sindicato Atención Primaria Se Mueve, a la que se han adherido CC. OO., UGT, Amyts, CSIT-Unión Profesional, USO, AFEM y CSIF.
La Sección Tercera de la Sala de lo Social del TSJM, en una sentencia fechada el 23 de marzo, determina que la Comunidad de Madrid ha incumplido "con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y de evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo" y que no hizo lo que debía en cuanto "al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma".
Los magistrados apuntan que en este caso el Gobierno regional no ha cumplido con las normas porque "no hay un plan de prevención de riesgos laborales ni antes ni después de sobrevenida la pandemia", ni tampoco "se han evaluado los riesgos de los puestos de trabajo del colectivo afectado por el presente conflicto".
Por tanto, se condena a "la demandada a efectuar de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales con la valoración de los puestos de trabajo de los médicos de atención primaria y pediatras, evaluación de riesgos de los mismos y determinación de la carga de trabajo fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes".
Contra la sentencia se puede interponer un recurso de casación que deberá prepararse en la Sala dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Madrid, entre las que menos invierte en sanidad pública
La portavoz de Atención Primaria Se Mueve Concha Herranz, en declaraciones a EFE, ha celebrado que el TSJM haya fallado a favor de aumentar la seguridad de los médicos y pediatras de Atención Primaria porque la mejora de las condiciones laborales de este colectivo tiene un impacto sobre la asistencia a los pacientes. La justicia, asegura, ha dado "un tirón de orejas" a la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero en materia de prevención de riesgos laborales sobre la forma de proteger a sus trabajadores.
Cabe destacar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está por debajo de la media española en el gasto sanitario público. La Comunidad de Madre es la región con menor porcentaje sobre el PIB invertido, un 3,6%; la segunda por detrás de Andalucía (1.212 euros) que menos gasta por habitante, 1.274 euros; y la tercera autonomía que menos invierte en las retribuciones de sus profesionales.