El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado dos recursos interpuestos por los Ayuntamientos de Leganés y Alcorcón, en los que demandaban a la Comunidad de Madrid por su "inactividad" en la gestión de las residencias cuando estalló la pandemia, en abril de 2020.
En ambas denuncias, los Consistorios pedían que la Consejería de Sanidad "medicalizara" los centros y les dotara de más medios, tanto humanos como materiales. A pesar de que se avala el papel del Gobierno de Ayuso por mayoría, los magistrados se han dividido a la hora de emitir las sentencias: dos de los cinco sí consideran que se pudo hacer más para frenar los efectos de la Covid en los centros de ambos municipios. Se trata de decisiones judiciales diferentes, pero que se han resuelto de manera prácticamente igual. Los Ayuntamientos implicados ya han anunciado recurso.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestima los recursos al entender que no hubo "inactividad de la Administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias". El Ayuntamiento de Alcorcón y el de Leganés han alegado que la Comunidad de Madrid no ha cumplido con las obligaciones recogidas en "el artículo segundo de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo", en la que el Ministerio de Sanidad pedía "la adopción de medidas relativas a la residencias de mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria".
Además, ambas administraciones añaden que se desobedecieron las propias instrucciones que se aportaron desde la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, en las que se solicitaba un refuerzo para estos centros.
Ahora los jueces afirman que los dos fallos de la normativa, que dicta el Gobierno central, eran meras directrices sin obligado cumplimiento. Esta sentencia supone un cambio en la línea del Tribunal durante la pandemia, cuando se presentaron las denuncias por "inactividad" de la Comunidad en abril de 2020 y los magistrados impusieron medidas cautelarísimas en las que instaban a la Consejería de Sanidad a mediatizar las residencias y a dotarlas de medios para proteger a los internos y trabajadores. Dos de los cinco jueces se han posicionado en contra. de la última decisión de la Justicia.
Recurso
Los Ayuntamientos implicados ya han anunciado que interpondrán un recurso de casación. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha mostrado su "discrepancia" con la sentencia judicial: "Consideramos que salvar vidas no puede ser nunca una opción, sino que, muy al contrario, es una clara responsabilidad y obligación por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que era quien tenía las competencias en ese momento".
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, por su parte, ha insistido en que van a seguir "pidiendo justicia" para las familias, demostrar que "se hicieron mal las cosas" y, sobre todo, que velarán para que no se repita la situación en el futuro. Además, ambos esperan que los recursos prosperen.
