Continuar con la construcción de la República Catalana. Ese será el planteamiento de ERC y JuntsxCat para seducir a la CUP y garantizar la investidura del líder de la ANC, Jordi Sànchez.
Si se consuma el pacto, los cupiers volverán a ser fundamentales en la hoja de ruta de la Generalitat, al igual que en la pasada legislatura y a pesar de contar con un número de escaños ínfimo en el Parlament.
Por otro lado, la consumación de este proyecto supondría el fin del alto el fuego firmado entre el Gobierno y ERC a finales de octubre, tras la proclamación de la DUI y la detención de los exconsellers.
La nueva propuesta se centrará en una revision del fallido acuerdo del pasado 30 de enero, en el que Puigdemont no pudo ser investido tras la negativa del presidente del Parlament, Roger Torrent, a modificar el reglamento de la Cámara. No hay que olvidar que, de tomar esta decisión, podría haber incurrido en los mismos delitos que su antecesora, la también republicana Carme Forcadell.
Desde entonces, Puigdemont ha roto toda relación con Torrent (se ha publicado que no contesta a sus llamadas), aunque el cambio de candidato puede suponer un soplo de aire fresco en virtud de una hoja de ruta que intentará buscar resquicios legales.
Referéndum convocado por la sociedad civil
Los planes de la futura Generalitat también pasarán por la convocatoria de un 'multirreferéndum', tal y como recoge el diario catalán Nació Digital, que se celebrará a final de legislatura y que será organizado por la sociedad civil.
Todo apunta a que la nueva consulta será similar a la celebrada durante el 9 de noviembre de 2014, en la que el apoyo a la independencia cosechó el 81% de los votos. Una cifra que dista de la composición del Parlament catalán.
Por tanto, la nueva consulta será reivindicativa antes que oficial, aunque no hay que olvidar que cualquier desvío de dinero público supondría un delito de malversación y, por tanto, problemas judiciales para los nuevos miembros del Ejecutivo. Por ello, el acuerdo fija la colaboración del Parlament y las organizaciones sociales, mientras que la Generalitat se limitaría a la normal gestión del gobierno. Una forma de extender la responsabilidad judicial al resto de los grupos.
El pacto, sin embargo, plantea esta consulta como el punto de inflexión definitivo para la independencia y la constitución de la república, aunque el 47% de votos que ahora apoyan esta propuesta, dificulta especialmente la constitución de un nuevo país.
Además, habría que plantear una nueva vía para realizar este anuncio sin una nueva DUI en el Parlament que llevaría nuevamente a la aplicación del 155, el encarcelamiento de los políticos e incidiría en el embrollo actual.
Las dificultades de Jordi Sànchez
Mientras tanto, la investidura de Jordi Sànchez se dificulta después de que la Justicia le haya impedido acudir a los plenos o decretar libertad condicional para ejercer el cargo de presidente de la Generalitat. Todo apunta a que este pleno se suspenderá y prorrogará, lo que acerca nuevas elecciones. Sobre todo, después de que Puigdemont y Comín se nieguen a abandonar su escaño, lo que impide la aritmética parlamentaria.
Proclamar president a una persona que se encontrará en prisión sería la mejor escenificación de la complicada situación judicial de los presos, pero desembocaría en la paralización del gobierno en el caso de que no se deleguen las funciones en un supuesto número dos.
Si todo esto sucede, la Generalitat tendría una suerte de matrioshka con un presidente simbólico en Bruselas (Puigdemont) que delega en otro presidente simbólico en la práctica (Jordi Sànchez) que delegaría nuevamente en otra persona. Porque resulta difícil celebrar los consejos de gobierno a través de un vis a vis en Soto del Real.
Diferencias entre las formaciones soberanistas
Mientras tanto, JuntsxCat tiene la intención de delegar las consejerías de Sanidad y Educación en manos de ERC, lo que dejaría en su poder el 80% del gasto social. Una decisión que no ha gustado entre las filas del PDeCAT, que no quieren perder cotas de poder en el futuro gobierno.
El plan de Puigdemont impuesto desde Bruselas busca que su lista lidere la continuación del procés (desdel Govern) y deje en segundo plano a los republicanos, partidarios de una vía más moderada. La formación amarilla prefiere delegar en las asociaciones, la sociedad civil y los ayuntamientos, lo que en la práctica supondría la paralización del procés, al menos, desde la vía institucional.
Las próximas jornadas serán decisivas para el futuro de Cataluña, con una dicotomía que, al menos por el momento, no dejará opción a soluciones intermedias.
