Los independentistas planeaban restaurar el servicio militar obligatorio suspendido por el gobierno del PP de José María Aznar en 2001. Junts Pel Sí y ERC se planteaban en diferentes informes resucitar la conocida como 'mili' para crear así un Ejército que defendiera a una Cataluña independiente e incluso proponían este tipo de medidas dentro del marco autonómico existente ahora.
La información parte de los correos electrónicos y los documentos incautados por la Guardia Civil en el Departamento de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre.
Según publica 'El Mundo', los partidos favorables a romper España tenían establecidas algunas medidas que comenzar a poner en marcha en una hipotética Cataluña Independiente. Entre ellas, un informe de ERC que aconseja volver a imponer la mili, pese a su impopularidad.
De esta forma, el Govern tenía la intención de crear un Ejército de unos 22.000 efectivos con el que forzar una situación como la vivida en el Este de Ucrania, tal y como apunta El Confidencial.
Cataluña independiente: ¿con o sin ejército?
Los informes decomisados durante los registros arrojan luz sobre los planes de los partidos que gobernaban la Generalitat hasta que Rajoy cesó al Govern y aplicó el 155. Uno de los estudios estaba coordinado por el eurodiputado Jordi Solé y se dirigía al exvicepresident Oriol Junqueras, encarcelado actualmente de manera preventiva. En dichos documentos, Solé aseguraba que un estado sin Ejército "presenta inconvenientes".
En el escrito, titulado 'La seguridad en la República Catalana, primeros planteamientos', se estudiaba cómo formar un Ejército para el nuevo Estado catalán, así como decidir si estaría compuesto por milicias o profesionales. Asimismo, se cuestionaba el papel fundamental que tendría Cataluña en el mundo dentro del marco militar.
"Tiene una imagen muy negativa entre los catalanes debido a la asociación mental que se hace con el ejército español", aseguraban los informes en referencia al resurgimiento de la mili. Pese a que eran conscientes de este rechazo social al servicio militar obligatorio, los planteamientos de los documentos estudiaban ponerlo en marcha, aunque dejaban la puerta abierta a un posible debate sobre su implementación.
El estudio descartaba seguir el modelo de países como Costa Rica, que no tienen Ejército y presenta "inconvenientes debido a la dependencia exterior como por su propia seguridad".
Cataluña, según los informes, era equiparable con Austria, Dinamarca o Suiza. En dichos países, hay 250 soldados por cada 100.000 habitantes, por lo que se tendrían que considerar "entre 18.000 y 22.000" para un nuevo país independiente de España. Con la formación de un ejército propio se evitaría que la Policía tuviera competencias y gastos propios de los militares.
Otras medidas: ¿impuesto al cannabis?
El pasado mes de junio, el Parlament catalán aprobó una ley para regular el consumo, transporte y cultivo del cannabis en los clubes dedicados a ello con la intención de sacarlos de su alegalidad y evitar las mafias. Una norma que ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP porque entiende que legaliza el consumo de drogas, algo castigado en el Código Penal.
En los informes embargados por los guardias civiles, se plasmaba la posibilidad de crear un nuevo impuesto al consumo del cannabis para destinarlo a la sanidad. "Este impuesto se afectará a un fondo de salud pública, con el fin de promover, impulsar y fomentar las políticas de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños", aclaraba el estudio.
La diputada de ERC integrada en Junts Pel Sí, Alba Vergés, defendió la implementación de este nuevo gravamen en un correo electrónico asegurando que el consumo del cannabis mueve "mucho dinero", lo que permitiría sacar ingresos públicos "para hacer políticas".
Por el contrario, Vergés tenía enfrente a la directora general de Tributos y Juego, Marta Espasa, puesto que recientemente había atravesado una tormenta política por la "tasa Coca Cola" implementada sobre bebidas azucaradas en contra de los informes internos. "Ostras, ¡ahora un impuesto sobre el cannabis! ¿Digo que no?", le espetaba Espasa al secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Sin embargo, el exvicepresident Junqueras prefirió dejar este tema para más adelante.
Sea como fuere, los correos y los documentos confiscados confirman que la Generalitat trabajaba en la sombra sobre las medidas que se tomarían con una Cataluña independiente. E incluso normas que se podrían implementar siendo todavía una comundiad autónoma de España. Todos estos planes desvelan que en el seno de los independentistas existían claras discrepancias sobre los temas que se trataban.
