El Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) ha enviado una circular a sus trabajadores en la que les prohíbe facilitar cualquier tipo de información sobre el coronavirus a los medios, incluida la falta de material de protección y medios humanos con la que se enfrentan a la pandemia.
El organismo gestiona la sanidad pública y depende directamente de la Junta de Andalucía, una coalición de PP y Ciudadanos sostenida por VOX en el Parlamento regional. Desde la agencia pública se justifican en una orden del mando único del Ministerio de Sanidad y advierten al personal que tienen que mantener silencio ante las propuestas de los medios.
"Se les recuerda a todos los/las profesionales del SAS la obligación que tienen de guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan en el ejercicio de su actividad profesional, relativa a pacientes afectados por el coronavirus Covid-19, así como aquellas materias que han sido reservadas reglamentariamente, al ámbito del Ministerio de Sanidad", asegura el escrito del SAS, firmado por su gerente, Miguel Ángel Guzmán.
La circular interna se produce en un momento significativo. Precisamente, cuando corren las críticas contra el gerente por las condiciones en las que los sanitarios se ven obligados a enfrentarse al virus, con una importante carencia de material y medios humanos. La mayor prueba se encuentra en un dato significativo: el 23% de los contagiados de la región son profesionales sanitarios.
Como se ha denunciado ante los medios, los médicos no cuentan con máscaras ni trajes protectores, los médicos no son capaces de atender la demanda que se ha provocado el coronavirus, porque no hay camas ni kits de pruebas suficientes para enfrentarse a la pandemia.
A pesar de todo, el gerente del SAS no tiene reparos en apelar a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como a varias leyes de protección de la intimidad, para destacar que establecen "como ilícitos penales el descubrimiento y la revelación de secretos, fijando como un tipo agravado el hecho de que la vulneración de la intimidad se produzca por un empleado público".
Se censura la información "relativa a capacidad asistencial, necesidades de recursos materiales y recursos humanos"
La carta intenta camuflar las alertas en el funcionamiento del servicio y el derecho al secreto médico, pero incluyen una serie de datos que provocan la furia de los profesionales sanitarios. El motivo: se quieren silenciar los fallos que la Junta de Andalucía está evidenciando en esta epidemia.
Con ello, la carta indica claramente que no se podrá manifestar nada relacionado con "la capacidad asistecnial, las necesidades de recursos materiales y los recursos humanos". Es decir, que si un médico se ve obligado a atender a un paciente sin medios o no cuenta con una plantilla adecuada, no podrá denunciar la situación públicamente.
La Junta de Andalucía, mientras tanto, asegura que el Gobierno central es quien ha trasladado las órdenes, algo que llama especialmente la atención porque esta circular no se ha extendido en otras comunidades autónomas.
