Que un profesor reciba un puñetazo en la cara, un golpe con una grabadora por parte de sus alumnos y múltiples amenazas; es un simple "accidente inherente a la profesión". Así lo califica la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en un juicio en el que intenta evitar pagar una compensación al docente a título de responsable civil subsidiario.
Las palabras del organismo han provocado tal indignación, que la Asocación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha pedido la dimisión inmediata de la Letrada de la Junta y Jefa de Asesoría Jurídica de la Consejería, Doña Gracia Gómez García.
El motivo del juicio es una agresión sufrida por un profesor de secundaria el 3 de febrero de 2016 por parte de un alumno. Según la sentencia del Juzgado de Menores de Jaén, un estudiante se acercó al profesor y le amenazó con expresiones como: "...Te voy a cortar la cabeza,... ten cuidado sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia". Posteriormente, el alumno le propinó un puñetazo en la cara al docente y le golpeó en la cabeza con una grapadora, causándole un eritema facial con contusión, lo que le impidió ejercer su trabajo durante dos días.
Un año de libertad vigilada y tratamiento psicológico
Finalmente, el Juzgado del Menor ha condenado al adolescente, con un dilatado historial de antecedentes violentos, a un año de libertad vigilada con tratamiento psicológico. En materia de responsabilidad civil, sus tutores legales deberán pagar una cantidad de 1.580,48 euros al profesor.
A cuenta de que los representantes del agresor no abonaban la cantidad monetaria y se declararon insolventes, los servicios jurídicos de APIA trasladaron el abono de la cantidad a la Junta de Andalucía, responsable en última instancia del lugar donde sucedió la agresión.
El pasado 5 de octubre tuvo lugar la vista judicial en el que comperecieron los representantes del profesor y de la Junta de Andalucía. Son los argumentos de la Junta los que han endfurecido a la APIA. Según denuncian, el informe de la Junta que pretende evadir el abono de la cantidad, contiene "afirmaciones vergonzosas que no tienen justificación".
"Riesgos inherentes a la profesión del reclamante"
Y es que la Junta ha argumentado que la agresión es "un accidente" ocurrido "durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante" y que "el resultado dañoso se produjo a consecuencia de las propias especificidades y riesgos inherentes a la profesión del reclamante". Desde la asociación, consideran que estas palabras equivalen a decir que "una agresión a un profesor es como tener varices en quien por su labor debe permanecer mucho tiempo de pie".
Desde el colectivo de docentes, avisan que la conclusión de la letrada de la Junta de Andalucía"abre la puerta a que la posibilidad de que se nos insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos empuje escaleras abajo sean considerados riesgos inherentes a nuestra profesión que tenemos la obligación de asumir".
