José Antonio Pallín, quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, declaraba que la búsqueda de equipo de protección era tan frenética que los aeropuertos de Pekín o Shanghái se asemejaban a los bulliciosos mercados persas. Dicho caos fue el que experimentaron los primeros meses de pandemia. En ese momento, todos los países se embarcaron en una carrera contrarreloj por asegurar suministros de protección sanitaria.
El desorden se ilustra con una anécdota mencionada por Martín Pallín: la llegada de aviones cargados con material sanitario destinado a un lugar específico, pero que tras recibir pagos adicionales in situ, descargaban el contenido para llevarlo a otro país. "Los primeros momentos", señala el exfiscal del Supremo, "fueron de una frenética competencia". Es en medio de este caos donde se "fomentan los casos de aprovechamiento y corrupción".
Los más pícaros vieron además intensificadas sus opciones de pillaje gracias al decreto de alarma del 14 de marzo de 2020, que liberaba a las Administraciones de "tener que sujetar el procedimiento de contratación a los requisitos formales". Es decir, "para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas" se permitió, de manera excepcional, contratar a dedo, sin necesidad de pedir más de una oferta y sin exigir experiencia o solvencia a las empresas. Se conformó un hábitat más que adecuado para quienes la conducta ética se mide en millones de euros.
Uno de estos casos de supuesta conveniencia en la compraventa de mascarillas es el que investiga desde hace unos días la Fiscalía Anticorrupción y que ha culminado con la expedición del exministro socialista José Luis Ábalos hacia el Grupo Mixto del Congreso. Pero el llamado 'caso Koldo' no es el único que ha captado la atención mediática y pública en la pugna comercial por las mascarillas.
El hermano de Ayuso
El 'caso Koldo' y el caso del hermano de Ayuso han generado interés público debido a sus similitudes y diferencias en relación con acuerdos comerciales durante la pandemia.
En el 'caso Koldo', la trama vinculada al exministro Ábalos ha resultado en varias detenciones, mientras que en el caso de Ayuso, la Justicia no ha encontrado irregularidades en los contratos con el hermano de la presidenta madrileña.
La investigación revela que durante la pandemia, el decreto de alarma de marzo de 2020 flexibilizó los procedimientos de contratación, permitiendo contrataciones directas sin los requisitos habituales.
Uno de los casos bajo escrutinio es el supuesto beneficio en la compra de mascarillas en el caso Koldo, donde se investiga la participación del exministro José Luis Ábalos. Mientras tanto, en el caso de Ayuso, se cuestiona la adjudicación a dedo de un contrato a la empresa de un conocido de la familia de la presidenta madrileña.
Una diferencia clave entre ambos casos radica en la posición de los implicados: Koldo se encontraba dentro de la Administración pública, mientras que el hermano de Ayuso actuaba como intermediario externo. Aunque cobrar una comisión por un acuerdo comercial puede ser lícito, el soborno o la corrupción son delitos tipificados en el Código Penal.
Tanto en el caso de Ayuso como en el de Koldo, las empresas involucradas no tenían experiencia previa en la venta de material sanitario, lo que fue común en muchos contratos durante la pandemia, según informes del Tribunal de Cuentas.
En resumen, mientras que ambos casos tienen en común el contexto de la pandemia y la controversia en torno a contratos comerciales, difieren en la posición de los implicados y en los detalles de los acuerdos.
Sin pruebas contra Ayuso
Si bien el hermano de la líder popular había mantenido una relación comercial con responsables de compras de Sanidad en la Comunidad, los fiscales no encontraron pruebas que acreditasen su mediación entre Priviet y el Servicio Madrileño de Salud.
Según el decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción, no se percibió ilegalidad alguna ni en la contratación ni en la incompatibilidad de contratar con Priviet por su relación con el hermano de la presidenta. "El análisis de la tramitación del contrato, de su objeto, precio y ejecución no permite concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de esta investigación", concluyó el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.
En relación con el precio de las mascarillas del caso Ayuso, aunque no se pudo certificar su calidad, la Fiscalía Europea no vio probado que su coste fuera desproporcionado. Sí existen diferencias entre el precio de unas y otras. Cada mascarilla adquirida por Priviet costó seis euros IVA incluido, mientras que las compradas por la empresa del caso Koldo costaron 2,5 euros la unidad.
Archivada a nivel judicial, la causa de Ayuso sobrevive a nivel político, como se ha podido ver en el enfrentamiento en el Congreso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La causa de Koldo García, más reciente, todavía está abierta, tanto en Anticorrupción como en la Fiscalía Europea, bajo secreto de sumario y ha provocado ya varias detenciones, incluida la del exasesor de Ábalos.
