La portavoz de Junts per Catalunya y elegida por Puigdemont para suceder a Quim Torra, Laura Borràs, podría estar imputada por cuatro delitos.
La Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, ha solicitado la imputación de Borràs por favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares a un amigo, Isaías Herrero, a lo largo de los cuatro años que perteneció a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.
Borràs es diputada nacional y miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Por ello, a pesar de que la jueza haya indicado que hay indicios de corrupción, el Tribunal Supremo será el encargado de determinar si existen evidencias para investigarla. La Fiscalía de Barcelona, por su parte, ha imputado a Borràs de cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. Si esto prosperara, su carrera política habrá acabado.
El informático Isaías Herrero, amigo de la diputada, es diseñador web, programador informático y profesor de Creación Digital, módulo del máster en Era Digital de la Universitat de Barcelona. Borrás le habría adjudicado a dedo unos 18 contratos de empresas falsas y por servicios jamás prestados. La magistrada y la Fiscalía consideran que los servicios que aparecen en las facturas son falsos, y que se idearon para ocultar que no había llevado a cabo ningún servicio. Por ello, se trocearon en contratos de 18.000 euros para que evitar controles, con el único fin de aparecer en el bolsillo de Isaías Herrero.
Diligencias en secreto durante dos años
Las diligencias se han llevado a cabo en secreto durante los dos últimos años; comenzaron en Manresa hasta llegar al Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona después de una inhibición. A lo largo de los dos años, se practicaron escuchas telefónicas que asegurarían la ilicitud de esas contrataciones.
El Ministerio Público apoya la imputación y cree que no hay duda de la intervención de Borràs en estas adjudicaciones. Fue ella la que propuso la concesión de los contratos, la que acordó su ejecución y la que resolvió aprobar el gasto. Además, las transferencias de pago intentaron difuminarse en origen y recepción.
Isaías Herrero, además, fue detenido en 2017 por tráfico de drogas y otros delitos como falsificación de moneda o defraudación de la luz. En aquel momento, los contratos sospechosos eran tres. Asimismo, en 2015 recibió 17.650 euros en concepto de 'Migració dels continguts de l'antic portal 'Què llegeixes?', disseny, programació i desenvolupament'.
En 2016, se le adjudicaron otros 11.850 euros, en concepto de 'Desenvolupament àrees Festival Nacional de Poesia al portal de la ILC' y en febrero de 2017 16.050 euros, en concepto de 'Creació i manteniment web Any Bertrana'. La investigación además apunta que los vínculos se prolongaron hasta 2018, mientras Borràs se mantuvo al frente del ILC.
Los primeros indicios se dieron en una comparecencia de Borràs en el Parlament, en la que negó concesiones a un colaborador y se basó en asegurar que las acusaciones respondían a un linchamiento mediático. Además, defendió que todos los encargos hasta 18.000 euros se adjudicaron tras recibir tres presupuestos, algo que no era obligatorio, pero que se hizo "con el valor añadido de buena praxis", y mantuvo que hablar de fraccionamiento es ridículo.
Si la causa prosperara en el Tribunal Supremo, JxCat se quedaría sin candidata ante unas elecciones anticipadas, como las que se prevén por la posible inhabilitación de Torra a causa de las pancartas en la fachada de la Generalitat. Borràs sería el relevo, a pesar de no contar con el apoyo de PdeCAT, por lo que Puigdemont debería buscar a otra persona.
