La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Navalcarnero, que investiga a la actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número tres del PP de la Comunidad de Madrid, Ana Millán Arroyo, ha apuntado a la "existencia de indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.
Los delitos están vinculados con su etapa en la Alcaldía de Arroyomolinos. Se investiga si hay relación entre los siete contratos públicos que concedió su Concejalía de Juventud entre 2006 y 2011, concedidos a empresas de Francisco Roselló, y que él le pagara la hipoteca y comunidad de un ático de su propiedad cuando era edil responsable de esta cartera.
La investigación del caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desde junio, puesto que Millán está aforada como diputada. El juzgado de Navalcarnero encargado del caso elevará ahora una exposición razonada, tras un recurso de la Fiscalía, para que el órgano superior "pueda valorar su competencia en relación a la instrucción y enjuiciamiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones".
La jueza defiende que al inhibirse en favor del TSJM por el aforamiento de Ana Millán se cumplió con el deber de señalar "los indicios razonados de los delitos expuestos", aunque reconoce que no lo hizo en la "forma adecuada". Por ello, ahora asume el trabajo de elevar la exposición razonada.
Previsiblemente, mantendrá los argumentos que llevaron a la jueza instructora, en un auto del 14 de octubre, a exponer que "los indicios, en este momento de la causa, son sólidos y suficientemente justificados frente a una investigada que por el cargo que ostenta actualmente se encuentra aforada".
Contratos en Arroyomolinos
La causa pretende determinar si hay relación entre la concesión de siete contratos públicos desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló y que le pagara la hipoteca y comunidad de vecinos de un ático de Ana Millán, entonces edil responsable de la cartera y actualmente vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número tres del PP madrileño.
La causa judicial permanece abierta desde 2020 y la jueza considera que los implicados pueden "ser autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública". El aforamiento de Millán extiende los plazos de la causa.
Ana Millán ha defendido que el pago de 51.104,67 euros que recibió, como consta en la documentación judicial, tan solo eran parte del pago por el alquiler de su vivienda a Roselló, que además habría realquilado después e inmueble.
La hermana y la pareja de Millán también recibieron pagos de empresas vinculadas al empresario (88.642,42 euros y 37.578,04, respectivamente), en concepto de rendimiento del trabajo y actividades económicas, según la documentación del juzgado a la que ha tenido acceso el diario El País.
Además, en las cuentas de Ana Millán también se localizaron importantes ingresos en efectivo, que alcanzaron un valor de más de 42.000 euros de origen desconocido con inicio también en 2008, cuando empezaron los pagos de Rosell y sus empresas por alquileres y servicios de su pareja y hermana.
"Ana Millán despachaba a solas con su director, Francisco Roselló, cerrándose en su despacho", expone la Guardia Civil. Una testigo auxiliar administrativa ha declarado que "todo lo relacionado" con Grupo Educativo, empresa de Roselló, "lo llevaba personalmente Ana Millán. Por el momento, el PP no se plantea su dimisión.
