El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, está planteando la imputación de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, Ana Botella e Ignacio González en la trama Púnica. Si se confirman las imputaciones, Madrid habría estado gobernada durante 20 años por personas vinculadas a casos de corrupción, todas ellas del Partido Popular.
La imputación de Cifuentes es especialmente delicada, puesto que su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid depende de un pacto con Ciudadanos, en el que destaca un punto: ningún imputado por corrupción.
Según la declaración de Granados, hay que tener en cuenta que "Cifuentes fue secretaria de Política Territorial en el PP de Madrid desde 2005 hasta el 2008 y en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 fue además la responsable de dirigentes y movilización del Comité de campaña electoral del PP de Madrid".
Además, Cifuentes aprobó la gestión de la cafetería de la Cámara Autonómica al empresario Arturo Fernández, vinculado a la financiación ilegal del PP autonómico. El juez aprecia un delito de tráfico de influencias, aunque la letrada y exjefa de los servicios jurídicos de la Cámara la ha exculpado. En todo caso, su imputación depende del Supremo a cuenta de su condición de aforada.
La resolución del magistrado "se concretará tras las Navidades", según fuentes consultadas por OKDiario. La petición de las imputaciones parte del exconsejero de Presidencia madrileño, Francisco Granados.
La Fiscalía está pendiente de lo que pueda relatar el también exmano derecha de Esperanza Aguirre y le ha animado a 'tirar de la manta'. Una colaboración con la Justicia que le conviene para reducir sus penas de prisión.
"Tendrá que ser el investigado, que ha venido desde el año 2003 compartiendo cargos públicos y políticos, con las personas mencionadas por su letrado, el que introduzca el relato fáctico que avale, con indicios incriminatorios, la petición de imputación realizada", asegura el órgano judicial.
Cifuentes, Aguirre y González estarían vinculados con la financiación ilegal del PP, cuya máxima responsable habría sido Esperanza Aguirre en las campañas de 2007 y 2011, a tenor de las declaraciones de su sucesor en el cargo y hombre de máxima confianza, Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción aprecia "indicios delictivos" en cuya investigación resulta imprescindible la declaración de Granados y González.
También en el Ayuntamiento de Madrid
Junto a las investigaciones en el gobierno de la Comunidad, el juez también ha puesto en el punto de mira la gestión del Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Gallardón y Ana Botella.
Mientras que la sombra de la imputación en Lezo persigue a Gallardón por la compra de Inassa a cuenta del Canal de Isabel II en 2001 con grandes sobrecostes, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, podría verse involucrada en la Púnica.
El magistrado está analizando los contratos de reputación en internet por los que ya han sido imputados grandes personalidades del PP madrileño como la exconsejera de Educación Lucía Fígar.
El juez señala que Botella podría haberse beneficiado "personalmente" de unos contratos a coste público para mejorar su imagen. La exregidora tenía interés en repetir en su cargo, mientras que su imagen pública era especialmente pésima por su gestión durante sus dos años al frente del Ayuntamiento.
Sin embargo, los expertos señalan un problema: "Es prácticamente imposible diferenciar en la reputación online si se está beneficiando a la persona o al cargo político que desempeña". Una apreciación que puede determinar el futuro de Ana Botella.
