El juez del caso abierto en el Tribunal Supremo por el proceso soberanista, Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención nacional contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, fugada en Suiza después de que la investigada no haya acudido este miércoles para comparecer como investigada.
Gabriel estaba citada a las 9:30 horas en el Supremo, para ser interrogada por delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos. Sin embargo, tal y como había anunciado, no se ha presentado. Así, la secretaria del Juzgado ha levantado acta de incomparecencia a las 10:00 horas, tras constatar que habían pasado 30 minutos la exdiputada no aparecía.
En un auto, Llarena constata la incomparecencia de Gabriel "sin alegar causa legítima que se lo impida". Por esta razón y según el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha dictado una orden de detención. Esta tendrá ámbito nacional, lo que supone que Gabriel será detenida solo si entra en España, la misma situación en la que se encuentra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
La Fiscalía del Tribunal Supremo había pedido al Supremo que dictase la orden internacional de detención contra Gabriel una vez conocida su intención de no acudir a las citaciones. La Fiscalía reclama al juez que inicie trámites para ordenar "la busca y captura internacional de la investigada y su detención preventiva", de la que se tendría que hacer cargo Interpol. Llarena todavía no se ha pronunciado sobre esta solicitud y se ha limitado a ordenar la detención de la exdiputada en el territorio nacional.
La postura de Anna Gabriel
Anna gabriel tomó la decisión de no acudir a su ditación ante el Supremo después de conocer que el magistrado impusiera una fianza de 60.000 euros para dejar en libertad a Marta Rovira. Según la CUP, la actuación del Tribunal Supremo responde a una "persecución política" contra el independentismo y así quieren demostrarlo internacionalmente. Por esta razón, han optado por esta vía situando a otro país europeo en la ecuación después de que Puigdemont y los exconsellers que le acompañan consiguieran desde Bélgica que España retirase la euroorden contra ellos.
Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del Gobierno ya me ha condenado
Gabriel considera que será "más útil a mi movimiento en libertad que detrás de las rejas". "Comprendí que tenía que irme. No soy la única a la que espera la prisión; todo el gobierno catalán está amenazado", señala. Ha asegurado que "la cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren silenciar la independencia mediante la represión", y sostiene que el Gobierno central no actúa ante la violencia de grupos fascistas.
El caso de Suiza
El caso de Suiza es diferente al de Bélgica ya que el sistema de órdenes europeas no existe al no ser un país comunitario. El equipo de Gabriel considera que España necesitaría demostrar que hubo violencia para conseguir una extradición.
En Suiza, aunque no existen los delitos de rebelión y sedición por los que se investiga a Gabriel, sí que se contempla el de secesión. Pero, como ocurre en España con los delitos políticos, la secesión en Suiza implica el empleo de violencia. Este es el punto que los abogados de la exdiputada podrían aprovechar para hacer que toda la causa quedase cuestionada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Gabriel se encuentra en Ginebra ya hace un mes, al menos desde el pasado 21 de enero, y durante todo este tiempo se ha dedicado a preparar su defensa internacional.
