El juez Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos, ha cerrado una de las tres líneas de investigación en el 'Caso Neurona', relativa a los supuestos sobresueldos mediante complementos salariales que, según la denuncia que dio origen al caso, habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos.
En un auto emitido el 11 de marzo al que ha tenido acceso El Diario, el juez concluye que no hay irregularidades por parte de ambos empleados. El archivo de la causa, sin embargo, no es firme, por lo que todavía cabe recurso.
Los supuestos sobresueldos que se estaban investigando en la formación morada fueron objeto de denuncia por parte de los abogados enfrentados contra la cúpula del partido, en concreto José Manuel Calvente y Mónica Carmona, que cuestionaron los aumentos de las nóminas de Val y De Frutos mediante la implementación de dos complementos salariales, así como a través del reintegro de gastos por desplazamientos y otros conceptos que consideraban "indebidos, desproporcionados y por conceptos no autorizados".
El juez Escalonilla, tras practicar diligencias, considera que los incrementos salariales están dentro de la legalidad. En el auto destaca que el Consejo de Coordinación del partido aprobó la presunta comisión de un delito de administración desleal. También, que el reembolso o reintegro de gastos presentados por ambos para su abono fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia y que "no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna".
Con este archivo provisional, el 'Caso Neurona' se limita ahora a la investigación sobre el contrato con la consultora Neurona Comunidad para las elecciones generales de abril de 2019, que el juez sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero de la subvención electoral; y a las pesquisas sobre la llamada caja de solidaridad.
Tras el archivo del juez Escalonilla, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado 16 de febrero abrir esta investigación al considerar que existen indicios de administración desleal en este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales.
En concreto, está bajo sospecha la transferencia de 30.000 euros de esa caja a la Asociación 404 Comunicación Popular, vinculada a varios miembros de la formación. Además, el pasado mes de octubre, el juez cerró otra de las líneas de investigación de esta causa, relativa a las supuestas irregularidades en cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes también a las elecciones generales de 2019.
Diligencias anuladas
El magistrado anuló las diligencias que él mismo había solicitado tras recibir un informe en el que el Tribunal de Cuentas acreditaba que no había irregularidades en los contratos. Por otro lado, el 3 de marzo, el juez Escalonilla acordó la apertura de tres procedimientos independientes para investigar las supuestas irregularidades denunciadas por Carmona.
Estas tres causas, al margen del 'Caso Neurona', indagarán en la presunta 'utilización por Irene Montero Gil de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos"; "el presunto cobro por Pablo Iglesias de las costas procesales" en un caso que habrían ganado los abogados y un procurador pagados por Podemos y las donaciones a dos fundaciones próximas a la formación, la escuela popular Pablo Freire y la Fundación 25-M.
