El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, continuará en prisión después de que llegase a suplicar llorando su salida porque no "aguantaba" su estancia entre rejas.
El juez de la Audiencia Nacional asegura que el papel de González fue completamente "decisivo y necesario" para desarrollar la trama y considera que la salida de prisión preventiva podría implicar una destrucción de pruebas que impidiese el buen desarrollo de las investigaciones.
González está siendo actualmente investigado por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en transacciones internacionales, cohechos y blanqueo de capitales.
El punto central de la trama es la presunta gestión irregular del Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona el agua de Madrid, y que desarrolló una expansión por Latinoamérica a base de adquirir empresas con un precio completamente inflado.
Estas conexiones con Latinoamérica han sido señaladas por la Justicia para mantener al expresidente en prisión, ya que argumentan que el riesgo de fuga inminente es palpable, teniendo en cuenta además la intención de González "de iniciar una nueva vida de negocios en Sudamérica".
Operación Lezo
El sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid continúa en prisión después de que el estallido de la Operación Lezo, el pasado 19 de abril de 2017, provocara la detención de personalidades destacadas como Edmundo Rodríguez Sobrino, exconsejero del diario La Razón y que tuvo que abandonar su puesto como motivo de este suceso.
Las investigaciones se centran sobre todo en la gestión del Canal, que durante años estuvo en manos de Ignacio González, que contó con absoluta libertad para manejar la empresa pública a su completo antojo.
En la operación fue detenida gran parte de la cúpula, como el propio Sobrino, el hermano de González, Pablo; o la directora de Finanzas, María Fernanda Richmond, que ha conseguido salir en libertad después de haber pagado la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez.
Mientras tanto, la investigación continúa en marcha, mientras que la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a cerrar todas las filiales que el Canal tenía en Latinoamerica y que podrían haber sido el epicentro de muchas de las mordidas de las que se beneficiaron personalidades de todos los ámbitos.
