El Grupo Restalia está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid tras una denuncia presentada por presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos. Por el momento se ha confirmado que hay 29 filiales presuntamente implicadas entre las que se incluyen 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger.
La investigación, en fase inicial
Por el momento queda aún pendiente que los peritos analicen toda la información facilitada por la empresa y la denuncia interpuesta para ver si hay indicios de delito y, posteriormente, ir a juicio. Aunque aún se encuentra en una fase inicial, Europa Press ha confirmado que el titular del juzgado considera "pertinente" abrir diligencias previas contra el grupo hostelero.
La investigación está dirigida principalmente contra 29 de las sociedades vinculadas con Restalia, aunque también estará dirigida contra el dueño del Grupo, José María Fernández Capitán, y otra veintena de responsables en las empresas de Restalia. Tras obtener todos los datos se podrá determinar cuántos de ellos estarían involucrados en un delito de estafa.
Un perjuicio de 19 millones de euros
Aunque aún no hay nada confirmado de manera oficial, Europa Press ha hecho público el motivo de la denuncia contra el Grupo Restalia. La denuncia fue interpuesta por el despacho Rafael Franco Abogados y en ella se acusa a la organización hostelera de causar un prejuicio a varios franquiciados por valor de 19,7 millones de euros.
Los denunciantes han dejado claro en su escrito que Restalia y sus responsables habrían "ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que habían inviable el proyecto". Todo esto sin tener en cuenta a los demás franquiciados, origen de la denuncia interpuesta ante el Juzgado de Madrid.
Restalia asegura haber actuado de forma transparente
Restalia difundió como respuesta un comunicado a varios medios, en el que afirma que el grupo "no tiene constancia ni ha recibido denuncia ni citación alguna". Asimismo, el grupo manifiesta "la absoluta tranquilidad de haber actuado de manera transparente y acorde a los contratos y acuerdos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones".
Aunque en la denuncia se les califica de "organización criminal" y culpables de llevar a la ruina económica a varias de sus franquicias, ellos se defienden negando toda acusación. "En sus 22 años de historia, la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y cumple, rigurosamente, la regulación vigente", han alegado.
