El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga a Tsunami Democràtic por las presuntas actuaciones terroristas que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019, ha acordado dirigir el caso por terrorismo contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contra Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana.
Dada la inmunidad de la que disfruta Puigdemont debido a su condición de europarlamentario, el magistrado le ha instado a comparecer voluntariamente antes de enviar un suplicatorio a la Eurocámara. También ofrece lo mismo a otro investigado aforado, el actual diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg.
Junto a ellos y Rovira, el juez ha imputado a Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont, el empresario Oriol Soler, el exsecretario general de ERC Xavier Vendrell así como Marta Molina Álvarez, Josep Campmajó Caparrós, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra Boixaderas y Nicola Flavio Giulio.
García-Castellón, además, ha citado como testigo a Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, "a fin de esclarecer" lo ocurrido en la reunión que mantuvieron distintos líderes en Ginebra en 2019 y para que pueda aclarar "el conocimiento que pudiera tener sobre la planificación y aparición" de la plataforma Tsunami Democràtic, "y su aportación a la misma".
"El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de 'grupo terrorista', debiendo esclarecer si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del art. 573 del Código Penal", señala el juez.
La razones de García-Castellón
La decisión del magistrado se da pocos días después de que se hiciera público un informe de la Guardia Civil en el que se concluía que Marta Rovira "realizó cometidos de coordinación" de Tsunami Democràtic. En dicho informe se señalaba que este movimiento pretendía "subvertir el orden constitucional" y "generar una situación de crisis".
'Matagalls' era el pseudónimo que, según el informe de la Guardia Civil, usaba la dirigente de ERC y que aparece en diversas conversaciones telefónicas. En concreto, 'Matagalls' se ocupaba de actuar de enlace entre la dirección del partido y la plataforma. 'Matagalls', siempre según el informe de la Guardia Civil, se ocupaba de oponerse a todos aquellos que estaban en contra de las acciones de la plataforma independentista.
Tras este informe, García-Castellón ha decidido atribuir también un "rol de liderazgo" a Puigdemont en Tsunami basándose en una conversación interceptada con otro investigado en la que hablan de la situación política y de las protestas y en dos reuniones que aparecen en la agenda del director de su oficina de expresident, Josep Lluís Alay.
En la charla con el empresario Campmajó, según el auto, Puigdemont afirmó que se intentaba que el Gobierno "se pusiera las pilas", y ante la magnitud de las protestas de Tsunami señaló que no era "bueno" que la gente "pasara por encima del Govern", tal y como valoró su interlocutor. Respecto a la agenda de Alay, el juez menciona dos reuniones, del 29 y el 31 de agosto de 2019 en Ginebra "donde pudo haberse planificado la actuación" de Tsunami, si bien el instructor no ubica directamente al expresident en los encuentros.
De esta manera la justicia procede penalmente contra Carles Puigdemont casualmente justo en el momento decisivo de las negociaciones entre el PSOE y Junts para acordar los términos de una futura ley de amnistía, lo que permitiría la investidura de Pedro Sánchez y reeditar un nuevo Gobierno de coalición progresista.
